Tras las críticas de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, el gobierno analiza auditar los programas sociales por medio de 20 universidades nacionales, entre ellas la UBA.

Un año después de asumir como ministro de Desarrollo Social, Zabaleta comenzará auditar la asignación de planes. La decisión llega semanas después de las críticas de Cristina: la vicepresidenta había reclamado que los programas fueran distribuidos por los municipios, pero no por los movimientos sociales. Cuestionó la "tercerización" de los beneficios y su hipertrofia.

El cuestionamiento no es banal: cuando Cristina dejó el poder el Gobierno distribuía unos 250 mil planes, Macri los duplicó y Alberto los llevó por encima del millón.

Zabaleta pretende ahora con ayuda de universidades de todo el país, determinar con alguna precisión quienes son los beneficiarios de los programas, cuánto dinero cobran, cómo lo perciben y que contraprestación brindan. Hay quienes se preguntan en el Frente de Todos por qué el Gobierno tardó casi tres años en implementar una auditoria de ese tipo.

La intervención sobre los planes es un tema muy delicado para la Casa Rosada porque los dejaría sin una herramienta política clave. Además vaciaría de poder a organizaciones como el Movimiento Evita, el principal aliado de Alberto Fernández y que controla la mayoría de los planes del Potenciar Trabajo.

Zabaleta, curiosamente, coincide con Cristina en la necesidad de reducirlos, lo que le genera no pocas tensiones con el Movimiento Evita que lidera Emilio Pérsico, que además es funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. Pero ambos coinciden en compartir el paraguas político del albertismo y desde ahí tensionan con La Cámpora.