Se publicó el lunes en el Boletín Oficial, el decreto Nº 1597/22 del intendente Guillermo Montenegro, que fue refrendado por la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola y su par de Seguridad, Martin Ferlauto, por el cual entró en vigencia el plazo de 45 días corridos para la recepción de solicitudes o realización de reuniones para definir la reubicación de la "Zona Roja".

La ordenanza 25.590, que aprobó el Concejo Deliberante el mes pasado establece que la actividad “podrá llevarse a cabo en lugares y horarios específicamente habilitados”, con la prohibición de hacerlo en sitios “donde hubiere vecinos frentistas con residencia domiciliaria”. De lo contrario, se prevén multas y sanciones como arresto de 5 a 30 días.

El artículo 3 de dicha norma se fija un plazo de 45 días desde la publicación de la misma “para la recepción de solicitudes o realización de reuniones para la determinación de los lugares y horarios”. Una vez vencido el tiempo, el Ejecutivo tendrá la potestad para definir la cuestión “sin más trámite”.

De esta forma, Montenegro tendrá hasta el próximo 8 de septiembre para reunirse con los distintos sectores implicados en la cuestión para terminar de definir en qué lugar o lugares se ubicará la Zona Roja.

El jefe comunal fundamentó el decreto destacando que el objetivo “principal” de la normativa es “abordar las problemáticas presentes en las zonas donde se ejerce la prostitución”; generar condiciones para garantizar “la sana convivencia entre quienes concurran a las mismas”; evitar que se “perturbe la tranquilidad y reposo de la población” o causar “perjuicios de cualquier naturaleza”; y prevenir “la violencia y la comisión de delitos”.

Hasta ahora, entre diversas propuestas para el traslado, la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual sugirió dos opciones: la avenida Luro, desde Chile hasta Tierra del Fuego; o la Avenida Champagnat, donde hay pocas viviendas. Por su parte, el Colectivo Disidente eligió la avenida Antártida, cerca del Cementerio Parque, como alternativa.

Durante estas semanas, el Ejecutivo mantuvo diversas reuniones con las organizaciones que nuclean a las cerca de 120 trabajadoras sexuales que se desempeñan en la Zona Roja para consensuar posibles lugares para el desarrollo de la actividad. Los encuentros fueron coordinados por la Subsecretaría de Derechos Humanos, con la participación del área de Seguridad, que es la autoridad de aplicación de la ordenanza.