Este miércoles, en la comisión de Hacienda, Acción Marplatense y el Frente de Todos consensuaron un dictamen de mayoría que establece que el pliego para la contratación del software pase por el filtro del HCD.

La comisión de Hacienda aprobó por mayoría el despacho unificado de Acción Marplatense y el Frente de Todos, que encomienda al Ejecutivo a la elaboración de un pliego de bases y condiciones a fin del llamado a licitación pública para la contratación del software, el cual deberá ser remitido al HCD para su aprobación, a diferencia del dictamen de minoría impulsado por el oficialismo.

No obstante, ambos despachos llegarán a la sesión, donde el voto del presidente del bloque Creciendo Juntos, Nicolás Lauría, que ha mostrado un acercamiento al gobierno de Guillermo Montenegro en los últimos meses, podría ser clave para que la bancada gobernante llegue a las 12 voluntades y lograr así que desempate Marina Sánchez Herrero (UCR), la presidenta del Legislativo, revertiendo de esa forma las mayorías.

Si compañero de bancada, Alejandro Carrancio, quien preside la comisión de Hacienda, acompañó el despacho unificado del a oposición, y advirtió que “no somos tontos, todos imaginamos lo que va a pasar con este expediente, hoy va a seguir siendo despacho de mayoría y, seguramente, se reviertan las mayorías en el recinto y el despacho que hoy va a ser de minoría termine siendo el que sea aprobado por el Concejo y después promulgado por el Ejecutivo”

Asimismo, hizo hincapié en que “cuando se nos acusaba de que nosotros poníamos palos en la rueda, está claro que no lo hicimos porque este expediente va a llegar a la sesión, porque hubo una voluntad de que avance por parte de la oposición”.

Por su parte, el edil pultista Horacio Taccone llamó al oficialismo a la “reflexión” para que cambie su opinión de cara al próximo plenario en el recinto.

“Podemos discutir si corresponde o no enviar el pliego al Concejo, pero yo no tengo ninguna duda de que desde este Concejo podríamos realizarle aportes valiosos al pliego para que tengamos un mejor instrumento jurídico. Ojalá que reflexionen y que de acá hasta la fecha que se disponga para la sesión puedan cambiar esta opinión porque hablaría bien de la clase dirigencial que tiene Mar del Plata”, planteó Taccone.

En tanto que en su condición de miembro informante del interbloque de Juntos, Agustín Neme, sostuvo que “no estamos de acuerdo con que el pliego venga al Concejo Deliberante porque así lo determina la Ley Orgánica de las Municipalidades, no es un capricho de los concejales que formamos parte del interbloque oficialista”.

La réplica de Taccone no se hizo esperar e insistió en que “claramente la LOM no exige que el pliego vuelva al Concejo, pero tampoco lo prohíbe en absoluto, esa es básicamente la diferencia”, y sentenció “me resisto a creer que no tenemos la capacidad de escucharnos, tenemos que sacar adelante la ciudad y si no nos escuchamos entre nosotros es imposible salir adelante, por eso tengo esperanza que el interbloque oficialista lo analice y quizás el concejal Carrancio se pueda llevar una sorpresa en la próxima sesión. Esto no tendría que ser un circo o un teatro donde cada uno viene a montar una obra”.

En la misma línea argumental, la edil del Frente de Todos, Marina Santoro resaltó que “es un hecho a rescatar que hay un despacho de mayoría, que es un despacho unificado de la oposición y estamos, además, convencidos que mejora la propuesta del Ejecutivo”.

Cabe traer a colación que, además de que el pliego pase por el Concejo, otro punto central del despacho de mayoría es que se encomienda al Ejecutivo la elaboración de un protocolo integral de administración de base de datos e información personal de las personas en el marco de la Ley 25.326. Y el armado de un programa logístico que asegure los dispositivos necesarios para el tratamiento, alojamiento y cuidado necesario de las personas alcanzadas por el software. Ambos ítems deberán pasar por el filtro del Concejo.

También, se establece que constituyen “elementos esenciales” del pliego, además de la determinación del objeto, la fijación de un “monto preciso” y un plazo determinado de duración. Y que para la aplicación de la ordenanza se contemplará un periodo inicial de prueba de 6 meses, renovables por igual periodo, con aplicación prioritaria en eventos masivos.

Por último, “a los efectos de una instrumentación que garantice la prevención sin discriminación y los valores de la seguridad democrática en la aplicación del software”, se establece que el Ejecutivo deberá convocar a un comité de ética, con representantes del Colegio de Magistrados, los rectores de las universidades locales, el presidente del Colegio de Abogados, la representante local del INADI y un miembro por cada bloque político del HCD.