Los presidentes de las tres bancadas oficialistas, Angélica González (Coalición Cívica), Marianela Romero (UCR) y Agustín Neme (Vamos Juntos) elevaron al Concejo Deliberante de General Pueyrredon un proyecto de comunicación solicitando al Ministerio de Turismo de la Nación igualar las condiciones en todos los destinos turísticos del programa PreViaje.

En los fundamentos de la iniciativa legislativa destacaron que “desde distintos sectores empresariales, como la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, se cuestionaron las tarifas máximas anunciadas para el hotelería local en el marco de la tercera edición del Programa Previaje, debido a que resultará casi imposible poder participar ya que los valores no se condicen con la realidad actual del sector. Además, no se explicó la metodología utilizada para seleccionar las tarifas de referencia ni se indicaron los establecimientos del Partido relevados para la confección de dicho cuadro tarifario”.

Adujeron, además, que “el tener un tope máximo sin relación con las tarifas actuales disminuye notoriamente la cantidad de establecimientos capaces de inscribirse en el Programa, y por ende una menor oferta disponible para que turistas de distintos puntos del país puedan elegir al Partido de General Pueyrredon como destino turístico. Además, el tener una tarifa máxima inferior al resto de los destinos pone al Partido de General Pueyrredon y sus establecimientos en clara desventaja, no solo por la posibilidad de recibir una menor cantidad de visitantes, sino que también por generar una arbitraria diferencia que impacta directamente en el ingreso y beneficio de los establecimientos radicados en Mar del Plata y Batán, que serán sustancialmente menores al resto de los establecimientos del país”.

Asimismo, remarcaron que “de generarse dicha situación el perjuicio no solo sería para el sector hotelero, sino que también para el resto de los rubros que ven incrementada su actividad con la llegada de turistas, como es el caso de la gastronomía y el entretenimiento. Los precios de referencia determinados de forma inconsulta con los sectores locales perjudican tanto a trabajadores como a empresarios locales”.