Este jueves se llevó a cabo una Jornada de trabajo para abordar la regulación de las y los cuidacoches, problemática en la que habría consenso para crear un registro de “trapitos” residentes, pero notorias diferencias en la cuestión de fondo: para el oficialismo “es un problema de seguridad”, la actividad no podría ser ejercida por personas con antecedentes y el Ejecutivo propone multas y arrestos por incumplimientos. En tanto que la oposición busca el reconocimiento de la actividad como un trabajo con derechos.

Cuidacoches nucleados en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) participaron de esta primera jornada en la que expusieron la realidad de la tarea que realizan en las calles, en cuanto a la dinámica, los horarios, las dificultades, la estigmatización y la organización dentro de la economía popular.

“Mucha gente honesta vive de esta actividad. Estamos organizados, conocemos a los vecinos y comerciantes de las calles donde trabajamos y realmente crear un registro sería un reconocimiento a los laburantes, que sufrimos hostigamiento policial sobre todo durante el verano”, planteó uno de representantes del sector.

Tras escuchar a los trabajadores y tomar nota de algunos ejes de consenso, como que los cuidacoches tengan residencia en la ciudad y estén incluidos en un registro con más derechos laborales, el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, y el titular del área de Inspección General, Marcelo Cardozo, centraron sus exposiciones en las sanciones, con multas y días de arresto, que propone el Ejecutivo para quienes generen desmanes, incurran en el delito de extorsión o incluso por consumo problemático de sustancias.

Ferlauto planteó en primer lugar que la eventual ordenanza o registro que resulte del debate, debería “exigir un plazo de residencia mínima” en la ciudad, como así también “sanciones por incumplimientos, con multas económicas y arrestos”. Además, pidió que el control quede a cargo de su área, bajo la dirección de Inspección General y no dentro de Desarrollo Productivo o Salud, para atender el consumo problemático de sustancias, como deslizaron desde la oposición.

Asimismo, el funcionario se centró además en las “permanentes quejas de vecinos” por “disturbios, consumo de alcohol y drogas, tachos en la calle y lavado de autos”.

Además, admitió: “A mí no me gustaría que alguien que esté con libertad condicional esté trabajando en la calle. Que se busque otro trabajo, pero no en la calle”.

Esa afirmación generó inmediato y enérgico rechazo de los trabajadores, que manifestaron su repudio, y también de algunos concejales.

En tal sentido, el edil del Frente de Todos, Roberto Páez sostuvo que la jornada “dejó un sabor amargo” porque “el Ejecutivo solo habló de sanciones y de estigmatización antes que del trabajo”.

En tanto que sus pares de bancada, Roberto Gandolfi y Sol de la Torre, le pidieron a Ferlauto “cuestionarse sus propias convicciones para poder encontrar consensos” y criticaron que “una primera reunión de trabajo es para buscar consensos, no para hablar de sanciones”.

Por su parte, el titular de Inspección General, Marcelo Cardoso, acompañó los dichos de Ferlauto. Pidió “reglas claras” e hizo referencia a las “quejas” de vecinos. Pidió que la ordenanza tenga sanciones “duras”, porque “a veces del Concejo salen ordenanzas con sanciones muy leves”.

Por su parte, Agustín Neme (Vamos Juntos), autor de uno de los proyectos presentados, propuso que el registro de cuidacoches sea “para defender a los vecinos de situaciones de violencia y extorsión” y dijo que a su entender “no es un tema de economía popular” como plantea el Frente de Todos.

“Nadie puede adueñarse del espacio público y menos aún extorsionar. Es ilegal que le cobren a la gente por estacionar en un lugar público, en muchísimos casos pretendiendo montos fijos exorbitantes como condición para que las personas puedan estacionar. Esto es un delito. Para nosotros la prioridad es cuidar a nuestros vecinos”, subrayó el vocero del interbloque oficialista.

Neme remarcó, además que “queda en evidencia que hay miradas distintas. Para el FDT es una cuestión de Economía Popular, nosotros no estamos de acuerdo. Para nosotros es una problemática de seguridad, el objetivo debe ser defender a los vecinos. Sin sanciones no va a funcionar ninguna herramienta, como así tampoco se puede permitir que una persona con antecedentes penales realice esta actividad”.

Por último, el concejal del FDT Roberto -más conocido como el- Tata Gandolfi dejó en claro que “debemos resolver este tema antes del verano, para las vecinas y vecinos, para los y las trabajadores, para que la temporada no nos agarre de sorpresa con este tema y podamos llegar a buen puerto”, deslizando la posibilidad de avanzar hacia una “prueba piloto” de entre seis y ocho meses para regular la actividad de los cuidacoches, y evaluar su resultado después de la temporada.

Cabe traer a colación que la ordenanza Nº 2.450 data del año 1964 y establece la creación del Registro Municipal de cuidadores de vehículos que revestirá carácter profesional y que, de haberse constituido entidad gremial, con o sin personería reconocida, implica el registro de sus afiliados. Asimismo, la norma indica que la contribución que perciban revestirá carácter voluntario y habilita la posibilidad de suscribir convenios con entidades públicas y privadas a fin de atender servicios de vigilancia y cuidados de vehículos.

La mencionada ordenanza no se encuentra reglamentada y, en consecuencia, la actividad aún no cuenta con la regulación correspondiente; y se encuentra en tratamiento en el Cuerpo Deliberativo el expediente 1029-E-2020 que contiene tres proyectos que apuntan a regular la actividad. Dos fueron presentados por el oficialismo, concretamente por Agustín Neme (Vamos Juntos) y la actual secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola (UCR), y uno de Sol de la Torre (Frente de Todos), quien ofició de moderadora de la jornada.