El fiscal de Instrucción Iván Rodríguez fue designado para iniciar una investigación que determine si tres funcionarios públicos tenían conocimiento previo de “los pinchazos” que sufrieron los bebés que luego murieron el Hospital Neonatal de Córdoba y no denunciaron los hechos en el momento.

Así lo refirió Rodríguez este jueves en rueda de prensa, donde puso en conocimiento las características de esta nueva investigación que inició el miércoles de oficio el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba, y negó que vaya en paralelo con la causa que investiga exclusivamente los motivos y responsabilidades directas por la muerte de cinco bebés entre marzo y junio pasado, que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón.

“No es una investigación paralela, no es una investigación de la primera investigación, y tampoco es una investigación de una eventual línea política o responsabilidades funcionales que pueda haber en relación a los otros hechos que se investigan que son las muertes y lesiones de bebés en el hospital”, aclaró rápidamente Rodríguez.

En ese sentido, reforzó: “Esta investigación se circunscribe a determinar si los funcionarios públicos que han sido objeto de esta remisión de antecedentes, han incurrido -o no- en alguna conducta delictiva”.

El fiscal investigado es Guillermo González, además de un funcionario del Poder Ejecutivo y un integrante del equipo forense del Poder Judicial, desatacó Rodríguez, de quienes no aportó sus nombres.

En su charla con la prensa, el fiscal argumentó: “En rigor de la pieza que a mí se me remite surge y es objeto de investigación si uno de ellos tenía conocimiento que había niños que presentaban pinchazos y que no tenían una explicación médica en principio”.

Rodríguez resaltó que no “puede afirmar” que alguno de esos funcionarios tuviera conocimiento de las muertes de bebés, aunque destacó que “no lo estoy negando si luego se establece, pero tampoco lo puedo afirmar en ese momento”.

“Lo importante es que el MPF decidió iniciar una investigación para ver si hay responsabilidad o no”, resumió.

En las últimas horas, la ministra de Salud de Córdoba, Gabriela Barbás, removió de su cargo al subdirector de Gestión Administrativa del Hospital Materno Neonatal, Alejandro Escudero Salama, luego de que el MPF abriera la nueva línea de investigación.

Esta nueva investigación recayó, por sorteo informático, en la Fiscalía del Distrito 3 turno 6 a cargo de Rodríguez, y se llevará independientemente al proceso que sustancia el fiscal de Instrucción Garzón, en el que hay una enfermera detenida y tres directivos del establecimiento sanitario fueron imputados.

Tras el desplazamiento de Escudero Salama, la ministra Barbás y el director del Hospital Neonatal, Marcelo Argüello, fueron convocados por el fiscal Garzón y participaron de una reunión en la que tomaron contacto como autoridades sanitarias recientemente designadas.

“En esta ocasión la ministra puso a disposición el Ministerio y, particularmente el Hospital Neonatal, en lo referido a la causa que investiga”, indicaron desde la cartera sanitaria.

Hasta el momento, la única persona detenida por el caso es la enfermera Brenda Agüero, de 27 años, quien permanece en el penal de Bouwer acusada por el fiscal Garzón de “homicidio calificado reiterado”, mientras que también están imputadas la exdirectora del Hospital, Liliana Asís, por “omisión de los deberes de funcionario público”; al igual que dos jefas del área de Neonatología, Marta Gómez Flores y Adriana Morales.

Recientemente, el fiscal Garzón ordenó que la enfermera detenida sea sometida a pericias psicológicas y psiquiátricas para luego avanzar con la indagatoria.

Aunque este jueves el abogado defensor de Agüero, Luis Obregón, confirmó al sitio Cba24n que la fiscalía accedió a un pedido y a la mujer se le tomará la indagatoria antes de que se realicen las pericias interdisciplinarias. También se espera la confirmación de la fecha de esa indagatoria.

La causa por la muerte de cinco bebés tras nacer en buen estado entre marzo y junio pasado, además de otros ocho que sobrevivieron, derivó en la renuncia el jueves pasado del hasta entonces ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, tras los cuestionamientos recibidos por no haber hecho la denuncia ante la Justicia cuando en marzo ya estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo en el Hospital neonatal.

Entonces, solamente se había iniciado un sumario administrativo interno en el Hospital Neonatal y la investigación judicial se conoció el 11 de agosto a partir de denuncias concretas por la muerte de cinco bebés nacidos sanos entre marzo y junio pasados.

De acuerdo a los datos oficiales, los fallecimientos ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de este año.

Los resultados preliminares de la autopsia de dos bebés nacidos el 6 de junio último concluyeron en que los decesos ocurrieron por cuadro de “hiperpotasemia” que fue causado por “exceso de potasio inyectado de manera intencional”, y se descartaron otras patologías, error o mala praxis.