Los ministros de Energía de la UE aprobarán este viernes una nueva hoja de ruta para intentar controlar los precios del gas y de la electricidad, disparados en todo el bloque tras confirmarse, en los últimos días, el cierre definitivo del grifo ruso.

Del borrador filtrado antes del cónclave se desprende una conclusión no menor: se reconoce, por primera vez, que la gravedad de la crisis energética va a crear “tensiones sociales” por su fuerte impacto económico.

El documento, de tres folios, entrega definiciones políticas relevantes en torno a la magnitud de una crisis que empieza a ser más virulenta de la imaginada meses atrás.

Los representantes de los 27 países -entre ellos Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico de España- admiten que la “situación de los precios del gas y la electricidad ha empeorado considerablemente en las últimas semanas”.

“La UE ahora está experimentando mercados de electricidad ajustados. Esto se debe principalmente al impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania y las interrupciones relacionadas con el suministro de gas y el aumento de los precios del gas. Simultáneamente, la capacidad de generación de electricidad en la UE ha sido significativamente más baja de lo habitual en los últimos meses debido, en particular, al déficit de energía nuclear e hidroeléctrica”, diagnostican.

La mención a la conflictividad social condice que las primeras grandes manifestaciones por el impacto económico para Europa que está teniendo la guerra en Ucrania. En Italia, cientos de ciudadanos se congregaron para quemar las facturas de gas y electricidad. En Praga, París y Berlín, la bronca popular desencadenó en movilizaciones de repudio a la conducción de Bruselas.

“Dada la gravedad de la situación, los Ministros subrayan la necesidad de una acción europea coordinada, tanto en términos de medidas excepcionales de emergencia a corto plazo, como de ajustes a medio/largo plazo en el marco del mercado”, reza el documento.

La declaración urge a “tomar medidas inmediatas”, que -con seguridad- se conocerán tras la reunión: “Tales intervenciones de emergencia deben ser temporales, preservar los fundamentos del mercado interior de la energía y el comercio transfronterizo, garantizar la seguridad del suministro de la UE, aliviar la presión sobre los clientes y ser coherentes con los esfuerzos actuales para reducir la demanda de gas”.

Sí se contempla un visto bueno a la idea de alentar una reducción de la demanda de electricidad como ya existe en el caso del gas (el objetivo sería del 10%). Los ministros avalan tomar "nuevas iniciativas para medidas coordinadas de reducción de la demanda de electricidad en toda la UE con el fin de aliviar la presión sobre la generación de electricidad y abordar la escasez de energía y los altos precios de la energía. El borrador no especifica si este plan va a ser voluntario u obligatorio.

Para el científico e investigador del CSIC, Antonio Turiel, una voz muy crítica al diagnóstico que hace Bruselas de esta crisis, la reducción va a ser “general y obligatoria”.

“Se va a obligar a todo el bloque porque hay en estos momentos un problema enorme de estabilidad en la red. Tenemos el problema de la sequía, el parón de Francia con sus nucleares, el acople de Ucrania a la red europea y la escasez de gas. Por tanto, creo que se va a imponer un tipo de recorte general. Resta saber cómo se va aplicar”, señaló.