El crecimiento de la cifra de homicidios en Uruguay, que el mismo presidente Luis Lacalle Pou asoció “al negocio del narcotráfico”, enciende nuevas alertas en el país, mientras especialistas advierten sobre los efectos adversos del enfoque en seguridad del Gobierno y la oposición pide al Ejecutivo que despeje dudas de connivencia por la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

“Estamos viendo una violencia muy vinculada al negocio del narcotráfico, una violencia entre bandas”, sostuvo el presidente en diálogo con la prensa hace un par de semanas, y agregó que desde el Gobierno estaban “tratando de hacer prevención” pero aclaró que “es muy difícil cuando se trata de este tipo de homicidios”.

En tanto, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, enfatizó esta semana que gran parte de los homicidios registrados en el país “son producto de las disputas territoriales” de las bandas de narcotráfico. Ambos hablaron de la imposibilidad de “prever” o anticiparse a esos delitos.

Solo en agosto, Heber informó que hubo 34 asesinatos, mientras que el opositor Frente Amplio dijo que fueron 41.

En los últimos 17 años, según el Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad, hay una tendencia en aumento casi sostenido de los homicidios.

Al comparar el primer semestre de este año con los primeros seis meses de 2021 se constata un aumento del 39%.

“Este tipo de episodios son bastante previsibles, aunque siempre la elite política va a decir que son imposibles de anticipar o que son resultado de lo bien que están haciendo su trabajo; el aumento de la represión al narcotráfico sería el que hace que las bandas se disputen el territorio entre ellos”, dijo a Télam la doctora en criminología global por la Universidad de Kent (Inglaterra) Clara Musto.

La Ley de Urgente Consideración (LUC) -texto insignia de la gestión de Lacalle Pou sancionado en 2020 y compuesto de 476 artículos- prometió, entre otras cosas, ser un nuevo marco penal, facilitar el control del lavado de activos e introducir cambios respecto al accionar policial, que redundarían en mayor seguridad ciudadana, pero los especialistas alertan sobre efectos contrarios.

Para Musto, el incremento de estos episodios son “resultado del encarcelamiento masivo vinculado a los delitos de droga”, ya que la LUC “lo que hizo fue incrementar las penas mínimas” para ese tipo de ilícitos.

Sin embargo, la especialista advirtió que el resultado fue opuesto al buscado, ya que “apuntó a meter a todos presos en establecimientos penitenciarios en malas condiciones y donde empeora la incidencia criminal”.

Y si bien “el comercio ilegal de droga es transversal a todas las clases, este tipo de episodios de homicidios y violencia están fuertemente concentrados en Montevideo y especialmente en barrios de clases baja con altos índices de vulneración socioeconómica, ya vistas en otras ciudades de la región”, señaló.

El sociólogo uruguayo Gabriel Tenenbaum, autor del libro “Los Protectores del Capital”, dijo a Télam que “hay una desigualdad en la distribución de la vigilancia, los controles y los castigos, donde los varones, jóvenes, pobres son más son pasibles de ser receptivos de la política criminal y no otras figuras sociales” que, sin embargo, son esenciales en la cadena delictiva del narcotráfico y lavado de activos.

“Ahí te das cuenta de que hay cosas que se intentan blindar y proteger y otras que no”, agregó.