Sendos informes del Ente Municipal de Turismo (Emtur) y de la Secretaría de Economía y Hacienda desaconsejaron aprobar el proyecto de ordenanza impulsado por el Frente de Todos para extender el servicio de seguridad en playas entre el 1 de octubre y el 30 de abril de cada año.

El del Emtur, firmado por su presidente, Bernardo Martín, sostiene que “pretender en esta instancia ampliar el período de prestación” implicaría alterar “los parámetros económicos que se tuvieron en cuenta al momento de la evaluación y sanción de la ordenanza”.

Asimismo, remarca que hay “un gran número de unidades turísticas fiscales que ya cuentan con servicio obligatorio de seguridad en playas dispuesto por los pliegos de bases y condiciones para el mes de octubre, cubriendo una guardia de 11 a 17″.

Enumera 18 balnearios de sectores como Playa Grande, La Perla, el Torreón y Waikiki que “cubren una gran franja de la zona costera de nuestra ciudad y resultan ser las playas más concurridas durante la temporada intermedia, por lo que el derecho al disfrute y seguridad en las playas se encuentra garantizado”.

Y concluye que “en función de lo expuesto, consideramos inconveniente incluir una modificación en la ordenanza como la propuesta, habida cuenta de que con el esquema actual el servicio se encuentra cubierto en los principales puntos de la ciudad”.

Por su parte, el informe de Hacienda, rubricado por el subsecretario del área, Jerónimo Rocatti, señala que desde 2017 se afectaba una parte del Fondo de Promoción Turística (un 50%) a hacer frente al servicio de guardavidas, pero que, en función de las modificaciones que se hicieron el año pasado a instancias del Concejo, el porcentaje destinado a la seguridad en playas es en 2022 “inferior al 35%”. Además, a partir de 2023 todo el Fondo de Promoción Turística se afectará al Ente de Turismo.

En tal sentido, subraya que “esta disminución de la fuente de financiamiento se contrapone en cierta manera con el objeto del proyecto de ordenanza, que viene a establecer un gasto adicional sin financiamiento y de carácter permanente”. Y advierte que, “de avanzar el proyecto, se estaría afectando de manera significativa el cumplimiento del equilibrio fiscal”.