Los jueces de la Suprema Corte bonaerense plantearon a funcionarios de Axel Kicillof y a legisladores del peronismo y la oposición un ultimátum: o modifican la ley del régimen previsional del Banco Provincia antes del 14 de diciembre o la declararán inconstitucional.

El planteo se hizo esta semana en el marco de una audiencia informativa formal convocada por los jueces y supone una fuerte presión tanto para el Ejecutivo como para la oposición. No hay más tiempo para chicanas y acusaciones cruzadas: hay que negociar una salida.

Un fallo en contra de la ley impulsada por María Eugenia Vidal y redactada por Hernán Lacunza disparará la industria de los juicios contra el Estado bonaerense. El costo podría rondar los 100 mil millones de pesos.

Por estos días se calcula que 5.000 pasivos (de un total de 15.000) iniciaron acciones judiciales contra el Ejecutivo, puntualmente contra el Banco Provincia. Esos juicios van a tener -independientemente del futuro de la ley- un costo de 30.000 millones. Por eso, fuentes de La Plata consideran que si la Suprema declara inconstitucional la ley habrá una avanzada por parte del resto de los pasivos.

El planteo de los jueces se focaliza en dos puntos: la movilidad, que pasó del 82% móvil al 70%. El otro punto está relacionado a los meses sobre los que se calcula ese porcentaje. En lugar de los tres años con mayores ingresos pasó a calcularse en base a una fórmula establecida por el pacto fiscal de 2017.

La caja previsional del Banco es un problema complejo que podría agravarse con mayores beneficios a los pasivos. En lo que va de 2022 la caja recaudó 28 mil millones de pesos, pero lleva pagados 48 mil millones. Se estima que el déficit anual será de 35 mil millones. “Si volvemos hacia atrás, ese déficit se triplicaría”, dicen desde la oposición.

Kicillof envió a mediados del año pasado un proyecto de Ley que deroga la norma impulsada por Vidal, resuelve los puntos observados por la Corte y otorga además mayores beneficios a los pasivos. Entre ellos la baja la edad jubilatoria de las mujeres, de 65 a 60.

Se sabe que el problema requiere medidas de fondo. La banca estatal de la provincia tiene 10.000 activos y 15.000 pasivos. El déficit se cubre con dinero de las arcas de la provincia.

Con todo, la reunión convocada por la Suprema apuró la necesidad de acuerdos que son difíciles de alcanzar en una Legislatura que tuvo escasa actividad durante el año.

Sin mayoría propia en ninguna de las dos Cámaras, el Frente de Todos deberá hacer concesiones para poder aprobar el proyecto enviado por Kicillof. En mayo, hubo un acuerdo en la coalición opositora para bajar el texto al recinto, pero la irrupción de Mauricio Macri hizo que esos consensos volaran por el aire.

Fue Lacunza quien le advirtió al ex presidente que estaba por votar algo que aumentaría el déficit del Estado bonaerense y que instauraría jubilaciones de privilegio a un sector muy chico de la administración provincial.

La presión de Macri frenó a los legisladores del PRO y generó la renuncia de Néstor Grindetti de la mesa de conducción del partido. Ante ese escenario, se pospuso el tratamiento.

Hoy el radicalismo parece mantener la misma posición que en mayo. Es decir, la intención de votar las reformas que reclama la Suprema Corte para no fallar contra la provincia. Se prevé que el PRO no acompañe. Y lo que se negocia son las consecuencias de una votación dividida del bloque opositor.