Los jueces federales y funcionarios del gobierno porteño que viajaron a Lago Escondido, al parecer invitados por el Grupo Clarín, presentaron luego de que se conoció el viaje facturas con la intención de ocultar la invitación, para que no pudieran ser imputados por el delito de dádivas.

Pero luego que de que se filtraron los chats en los que se ve como tratan de dibujar los motivos y las formas del viaje, más las imágenes de las cámaras de seguridad que los muestran en el aeropuerto de Bariloche, se supo que los participantes del “tour judicial” presentaron facturas por 120.000 pesos e incluso por 60.000 pesos a modo de justificación.

Así consta en el dictamen de la fiscal de Bariloche María Candida Etchepare, quien el 6 de diciembre impulsó la investigación y pidió una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

La fiscal sostuvo en su dictamen que el viaje se realizó a través de la empresa Flyzar, que pertenece al empresario Gustavo Carmona, y que la firma acompañó copia de las facturas emitidas en favor de los denunciados.

“Muchas de ellas (las facturas) datadas el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente. Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad “contado” y que el pago se realizara el mismo día del vuelo”, dice el dictamen.

No es un dato menor que los viajeros supuestamente hayan pagado en efectivo en vez de hacerlo por medio de una tarjeta de crédito o través de un medio electrónico. Es que como dicen en los chats filtrados, las fechas de los pagos de esa forma no se pueden “dibujar”.

De todos modos, los números no cierran. Según fuentes del caso, de acuerdo a la información de la empresa privada que realizó el servicio entre el aeropuerto de San Fernando y Bariloche, contratar un Learjeat 60 con capacidad para 10 personas cuesta unos 18.000 dólares por tramo o 36.000 dólares el viaje ida y vuelta, dependiendo del servicio que se contrate.

De esa forma, los 36.000 dólares convertidos a pesos con una cotización de “dólar tarjeta”, alcanza una cifra de más de 11.000.000 de pesos. Así, si se divide el monto por los 10 imputados en la causa judicial, deberían haber abonado una cifra de 1.100.000 pesos por pasajero.

De esto se infiere que los jueces Julián Ercolini (de primera instancia de Comodoro Py), Carlos Mahiques (Casación Federal), Pablo Yadarola (Penal Económico) y Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo), el jefe de los fiscales porteños Juan Bautista Mahiques, el ministro de seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, el exfuncionario de inteligencia Leonardo Bergroth, el experto en campañas digitales Tomás Reinke y los directivos del grupo Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey habrían pagado una cifra irrisoria según las facturas presentadas o bien recibido un “descuento promocional” del 90%.

Incluso si los pasajeros hubiesen optado por realizar el viaje en una línea aérea de pasajeros convencional, habrían pagado unos 40.000 pesos final ida y vuelta. Una cifra mucho más modesta que los 120.000 que reflejan las facturas que la empresa le dio a la fiscalía.

En la industria, mover un avión Learjet 60 u otra aeronave similar dentro del mismo segmento cuesta unos 12 dólares por kilómetro por lo que si tomamos como referencia las facturas presentadas, los viajeros pagaron un monto total que les permitiría cubrir una distancia total de casi 300 kilómetros.

Piden interpelación a D’ Alessandro y Mahiques

El legislador porteño por el Partido Obrero-Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, Gabriel Solano, presentó un “pedido urgente” de interpelación al ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, y al fiscal general Juan Bautista Mahiques por su participación en el “bochornoso viaje” a Lago Escondido junto a jueces federales y empresarios del Grupo Clarín.

La convocatoria, explicó, se encuadra en el artículo 83 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que contempla la posibilidad del Parlamento de “requerir la presencia” de funcionarios para que rindan cuentas acerca de un tema particular.

Por ello, el texto contiene la citación para D’Alessandro y Mahiques “a fin de dar respuestas respecto al viaje a la propiedad de Joe Lewis junto a jueces y empresarios de la comunicación y las posteriores maniobras para tratar de encubrir dicho evento”.