La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), desarticuló en las provincias de Salta y Mendoza maniobras fraudulentas en la comercialización de 360 toneladas de ajo, maíz y soja. El organismo interdictó la mercadería durante controles realizados en campos de producción de hortaliza y sobre camiones que se encontraban en la ruta en dirección a la frontera con Bolivia. En esos operativos también se identificaron 24 trabajadores en condiciones irregulares de contratación.

En la localidad mendocina de Eugenio Bustos, agentes de la DGI y de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS), en conjunto con miembros de Gendarmería Nacional, llevaron adelante una serie de requisas sobre operadores de la cadena agrocomercial. El personal del organismo conducido por Carlos Castagneto encontró un galpón con 162 toneladas de ajo con distinto grado de avance para su comercialización: en rama para su secado, embolsado, en cajas o en proceso de empaque.

Los inspectores de la AFIP constataron que la intención del contribuyente era exportar la mercadería a Brasil de forma fraudulenta, para así evitar el ingreso de los dólares obtenidos por esa venta al mercado cambiario oficial. A raíz de las inconsistencias detectadas en la documentación, el organismo procedió a interdictar la mercadería. En ese sentido, también se relevaron 24 trabajadores, que en su totalidad presentaban algún tipo de irregularidad.

Por otro lado, durante un control de tránsito en Aguaray, provincia de Salta, se verificaron 35 camiones sobre la ruta 34 que se dirigían hacia la zona fronteriza con Bolivia. De ese total, 6 de los vehículos no pudieron justificar el origen de la mercadería que trasladaban, al tiempo que los supuestos destinatarios carecían de capacidad económica y financiera para adquirirla. Como resultado de estas tareas de fiscalización, se interdictaron 70 toneladas de soja y 128 de maíz.