En un mensaje al iniciar el año, Alberto Fernández anunció este domingo que convocará a los gobernadores para impulsar el juicio político contra Horacio Rosatti, el presidente de la Corte Suprema. En el texto, que se conoció horas previas de su arribo a Brasilia para presenciar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, Alberto Fernández argumentó que la iniciativa busca que se investigue la conducta de Rosatti en el "desempeño de sus funciones" como también la de los otros miembros del tribunal.

Asimismo, el Presidente de la Nación ordenará al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, que promueva las “acciones penales pertinentes” para impulsar una investigación respecto de los “presuntos hechos de corrupción” que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de esa ciudad. En el comunicado, Alberto se refirió a un “inadmisible” avance del Poder Judicial sobre otros poderes de la Argentina y denunció el “vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia”. En particular, se refirió a los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición que han tomado estado público y en los que quedó en evidencia cómo “se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable”.

Según se conoció en las últimas horas, el jefe de estado prepara para el martes una nueva convocatoria a la Liga de Gobernadores para reevaluar la respuesta al fallo de la Corte Suprema que favoreció a la CABA en el reparto de fondos coparticipables. La disputa tiene larga data pero se profundizó en las últimas semanas luego de un fallo de la Corte que ordenó a la Nación aumentar hasta el 2,95% el monto que debe pagarle a la Ciudad de Buenos Aires.

Será una reedición de aquel encuentro del jueves 22 que alumbró un duro comunicado firmado por el Presidente y 14 gobernadores que calificó el fallo de la Corte como “político”, “incongruente” y de “imposible cumplimiento”. Este último concepto era porque no estaba contemplado en el presupuesto. Los gobernadores que acompañaron a Alberto fueron: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfran (Formosa), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raul Jalil (Catamarca), Sergio Uñac (San Juan), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Mariano Arcioni (Chubut) y Sergio Ziliotto (La Pampa). En forma virtual, desde una pantalla colocada a un costado de la larga mesa, intervinieron Capitanich, Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).

A penas se conoció el fallo de la Corte, el Presidente denunció que esos fondos no estaban contemplados en el Presupuesto 2023 y por eso adelantó que enviará un nuevo texto que los incluya para que el Congreso le dé tratamiento. Sobre este punto, Alberto conversó con sus funcionarios más cercanos y con el ministro de Economía, Sergio Massa, e ideó una respuesta diferente: un pago en bonos durante 90 días y el envío al Congreso de un proyecto para que se determine qué tributo crear o modificar para cubrir los 180 mil millones de pesos extra que deberá girar a la Capital. La alternativa con más probabilidades es un incremento del impuesto al juego online. Pensando en la economía, prevaleció la idea de dar la imagen de acatamiento aunque no se pagara nada en contado. Los bonos vencen en 2027.