El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas emitió una sugerencia para la Argentina donde pidió que se garantice “la plena independencia del Poder Judicial y de los fiscales”.

“Los Estados recomendaron que la Argentina asegure la plena independencia del Poder Judicial y de los fiscales, mejore las condiciones en las prisiones, garantice la legalidad en el uso de la fuerza e investigue su uso excesivo por parte de las fuerzas policiales”, sostuvo el consejo internacional.

La recomendación llegó luego de que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, presentó ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe sobre la situación de la justicia en el país, denominado “Cuestiones emergentes: principales desafíos”.

“Otro de los desafíos que enfrenta nuestro país es el fenómeno del ´lawfare´ o ´guerra jurídica´. Desde el actual gobierno nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare –impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático– constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública”, aseguró el funcionario en el documento.

En ese marco, la Secretaría aseguró que en las causas que enfrenta la vicepresidenta “se violan garantías fundamentales del Estado de derecho bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción”.

“Se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal”, añadió al respecto.

Además, el informe asegura que las causas penales se impulsan “únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares”.

“Un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático, que 40 años atrás recurría a los golpes de Estado militares, hoy utiliza el derecho penal para condicionar procesos políticos y definir la agenda política y la opinión pública”, planteó Pietragalla en su exposición.