El vocero del juez de la Corte, Horacio Rosatti y el ministro de Seguridad porteño en uso de licencia son señalados "por conductas que configurarían, entre otros, los delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

La presentación se basa en los chats que se conocieron públicamente entre Robles y D' Alessandro, en los que “aparecen menciones directas a la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la disputa en torno al porcentaje de fondos coparticipables a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“Ese fallo, que atenta contra el federalismo y la democracia de nuestro país, si bien afecta a todas las provincias argentinas, impacta de modo especialmente negativo en la Provincia de Buenos Aires, habida cuenta de que resulta la jurisdicción más perjudicada por el sistema de coparticipación federal”, explica.

La denuncia sostiene que “nuestra provincia es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación, situación que ahora se ve agravada por una decisión no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema, sino que además habría sido producto del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“Pretenden así quitarle recursos que les corresponden a las provincias para otorgárselos a la ciudad más rica del país y así financiar la campaña presidencial del Jefe de Gobierno”, agrega.

La presentación judicial consta de 14 páginas en las que el gobierno denuncia el accionar de Rosatti, Robles y D'Alessandro, y aporta además como material pruebas de los chats filtrados y artículos periodísticos que fundamentan la denuncia.

La presentación afirma que “las provincias nunca fueron escuchadas por la Corte Suprema pese a los reiterados pedidos presentados en tiempo y forma”.

El escrito agrega que los mensajes difundidos “evidencian los supuestos vínculos que el Ministro porteño mantuvo con Silvio Robles, Director General de la vocalía del ministro Rosatti, quien oficia en la práctica como su vocero y, persona de su máxima confianza desde hace años. Sin embargo, no es una mera amistad lo que une a ambos funcionarios, sino que existiría una espuria connivencia en la cual se coordinan fallos judiciales del Alto Tribunal que explícitamente benefician, en general, a la alianza política Cambiemos y en particular al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

Y que “la connivencia y la negociación entre ambos funcionarios ha quedado al desnudo en los chats publicados, los que demuestran que las resoluciones judiciales y de manera particular los pronunciamientos del Ministro de la Corte Horacio Rosatti, a través de Silvio Robles, ha desarrollado operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales”.

“Podemos concluir que en apariencia el Dr. Horacio Rosatti, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto con su histórico colaborador, han terciado desde su Vocalía por los intereses de una de las partes en causas de altísimo impacto institucional. Así, han socavado irremediablemente la confianza que la ciudadanía en general, y los restantes poderes del Estado en particular, depositan en la cabeza del sistema de administración de justicia argentino a la hora de resolver con honestidad y transparencia los asuntos sobre los que debe intervenir”, advierte la provincia de Buenos Aires.

Señala también que “en los chats publicados en distintos medios de prensa entre Robles y D’Alessandro consta que entre ambos existió una coordinación y un asesoramiento directo desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hacia funcionarios del Gobierno de la Ciudad respecto de cómo proceder en el caso del Consejo de la Magistratura”.

“Hoy el Congreso de la Nación tramita el juicio político contra la Corte por varias conductas opuestas a lo que dicta la Constitución Nacional. Los hechos denunciados hoy deben ser investigados por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes. Se debe impedir este arreglo político completamente ilegal. A nosotros nos corresponde defender el federalismo y a la provincia de Buenos Aires”, concluye.

“Los hechos denunciados hoy deben ser investigados por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes. Se debe impedir este arreglo político completamente ilegal. A nosotros nos corresponde defender el federalismo y a la provincia de Buenos Aires”, se puntualizó desde el gobierno bonaerense.