En medio de las incesantes protestas en todo Israel y de los llamamientos continuos de la oposición, el Gobierno ha decidido aplazar la aprobación de la reforma al sistema judicial hasta finales de julio.

El partido político Otzma Yehudit publicó un comunicado, citado por la prensa local, según el cual el líder de esa facción y ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, acordó con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, postergar la aprobación de la reforma hasta la próxima sesión de verano de la Knéset (Parlamento israelí).

Por su parte, Netanyahu dijo que la decisión de retrasar el trámite de la reforma judicial proviene de la voluntad de resolver las diferencias mediante “un amplio consenso”. “Insistimos en la necesidad de realizar las reformas necesarias en el sistema judicial, y le daremos la oportunidad de resolverlas con un amplio consenso”, manifestó el primer ministro.

“He decidido posponer la segunda y tercera lectura del proyecto en esta sesión del Knéset, para dar tiempo de llegar a un acuerdo amplio en la legislación durante la próxima sesión [parlamentaria]”, agregó, señalando que dicha reforma se aprobará “de una u otra forma” para “restablecer el equilibrio que se perdió entre las autoridades, preservando e incluso fortaleciendo los derechos del individuo”.

Tras las declaraciones del primer ministro, el líder del sindicato Histadrut, Arnon Bar-David, comunicó sobre la decisión de poner fin de la huelga nacional anunciada esta jornada, pero advirtió que se volverá a convocar a manifestaciones en caso de que el Ejecutivo intente aprobar una legislación “agresiva”. El sindicato de trabajadores aeroportuarios también decidió suspender su huelga y el Aeropuerto Internacional Ben Gurión de Tel Aviv ha vuelto a operar con normalidad.

El proyecto de reforma prevé otorgar al Ejecutivo israelí una influencia decisiva en la selección de los jueces, así como limitar el alcance de la Corte Suprema para derogar leyes o fallar en contra del Gobierno.

Los críticos consideran que esto debilitaría en gran medida la independencia del poder judicial, dado que Israel no tiene una Constitución, sino solo una comisión del Parlamento, controlada por la coalición gubernamental, para dirimir estos asuntos.