A poco menos de tres años de la presentación de un estudio científico que reveló la presencia de sustancias peligrosas por el uso de agroquímicos en campos linderos a tres escuelas rurales de Tandil y en la localidad de Gardey – un pueblo de 1300 habitantes-, la Justicia tomará declaración indagatoria a cinco productores señalados por fumigar con productos contaminantes en zonas prohibidas por ordenanza municipal.

La novedad fue dada a conocer desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación, a partir de un requerimiento realizado al juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio. En ese marco, el magistrado citó a prestar testimonio a cinco personas, catalogadas como responsables o arrendatarias de predios rurales lindantes a los establecimientos educativos y a la localidad rural de Gardey.

Según indicó el sitio Fiscales.Org, la investigación fiscal logró probar la presencia de sustancias peligrosas en las muestras de suelo - tierra y de sustancia vegetal- obtenidas en sitios donde la aplicación se encuentra prohibida, la actividad agrícola previa y el carácter nocivo de esos productos para la salud y el ambiente.

La investigación salió a la luz tras una denuncia de la organización ambientalista BIOS, que es querellante en la causa, y avanzó con instrucción de la Fiscalía Federal de Tandil, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide.

La acusación fue presentada en agosto de 2020 por el coordinador del nodo Tandil de esa organización, Ingeniero Claudio Lowy y se basó en los resultados plasmados en el Informe sobre Agroquímicos Plaguicidas en Escuelas Rurales del Partido de Tandil realizado por la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), con apoyo de los establecimientos educativos.

El estudio daba cuenta de la “detección de residuos de agroquímicos biocidas hallados en muestras obtenidas en los patios de recreo y en el agua de pozo que abastecen a las instituciones educativas de la zona”.

Desde entonces se llevaron adelante diferentes medidas de prueba que dieron cuerpo a la denuncia inicial. En base a esos elementos, la justicia ratificó el hallazgo de cultivos y de sustancias calificadas normativamente como residuos peligrosos a través de un estudio técnico realizado en el laboratorio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Balcarce.

“Esta fiscalía entiende pertinente y útil para la pesquisa hacer referencia a los valores de agroquímicos detectados en las muestras, porque constituyen el indicador contundente de la aplicación en una porción de suelo no habilitada para esa actividad, o para hacerla sin el aviso previo exigido normativamente”, destaca el dictamen.

La fiscalía pudo dar cuenta también de la nocividad para el ambiente y la salud de las sustancias halladas, por su inclusión en la nómina de residuos peligrosos incorporados a la legislación a través de la ley 24.051 y como consecuencia de los estudios científicos que demuestran el impacto negativo de su utilización.

“Sin perjuicio de encontrarse habilitada la comercialización y aplicación de estos productos en observancia de la normativa que así lo regula, cuando esa actividad trasciende el límite de lo permitido, su utilización puede producir un impacto negativo en la salud de las personas y el ambiente en el que desarrollan su vida, por ejemplo, en el ámbito de las escuelas a donde concurren niños, niñas y adolescentes, como se presenta en este caso”, señalaron desde Fiscalía.

En este sentido, los investigadores realizaron una pormenorizada caracterización de algunas de las sustancias encontradas y sus posibles efectos en la salud y el ambiente, como el herbicida Atrazina y sus metabolitos, cuyo uso está restringido en Estados Unidos y prohibido en varios países de la Comunidad Europea; el insecticida Imidacloprid; los herbicidas Diclosulam; Metsulfurón Metil; el 2,4-D; y el Glifosato y su metabolito AMPA.

“No se trata aquí de una valoración abstracta, ni siquiera del complemento de los niveles de riesgo permitido o desaprobado por medio de baremos indeterminados, sino lisa y llanamente de la violación de una norma jurídica, pública, y en sí misma de máxima taxatividad", remarcó la fiscalía en la imputación.

Encuadre legal y posibles penas

Los hechos delictivos se encuentran previstos y penados en el artículo 55 de la ley de residuos peligrosos 24.051, “a la luz de la prohibición de efectuar aplicaciones de productos agroquímicos prevista para el espacio territorial determinado, establecida tanto por la derogada ordenanza local 12.316 como por la vigente 17.404 del año 2021”.

La ley nacional establece la misma escala penal que la prevista en el artículo 200 del Código Penal (de tres a diez años de prisión) para quien, utilizando los residuos a que se refiere esa norma, “envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.

El dictamen fiscal señala que “si bien la utilización de los mencionados agroquímicos se encuentra autorizada por el Senasa [Servicio Nacional de Sanidad Animal] para su uso en producciones agropecuarias, los mismos mediante una práctica sin control del estado municipal y con parámetros que no responden adecuadamente bajo los cuidados que requieren estrictos márgenes de adecuación, su utilización puede afectar la salud de las personas que se encuentran expuestas a ellos debido a la toxicidad de sus formulaciones, y a otras circunstancias destacadas por los especialistas”.

El MPF refirió que, al infringir la norma jurídica que regula preventivamente la actividad (ordenanza municipal 12.316/2011), se aumentó el riesgo a niveles jurídicamente desaprobados.

Cabe recordar que este caso de contaminación no es el único que se investiga en Tandil. Meses atrás, un informe ambiental encargado por la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable de Tandil reveló presencia de “ocho agrotóxicos” en el agua de red local.

En medio de esas denuncias, hubo una reciente sanción de una ordenanza sobre agroquímicos en Tandil, que derivó en fuertes cuestionamientos: “A fines del año pasado se votó una ordenanza de manera unánime donde habilita las fumigaciones con 60 metros de exclusión de poblaciones y 150 de escuelitas rurales. Es una distancia irrisoria y nosotros presentamos un montón de información de cómo actúan las derivas de agrotóxicos. Y se habilita su uso en parques, jardines, plazas de manera que cualquier vecino puede conseguir y comprar estos venenos y aplicarlos de manera irresponsable” explicó a Infocielo Pablo Orcajo, uno de los integrantes de la Junta Vecinal local.