El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, activó este miércoles una herramienta constitucional conocida como 'muerte cruzada' para disolver la Asamblea Nacional, un día después de que el Parlamento le iniciara un proceso de juicio político por presunta corrupción.

“He firmado el Decreto Ejecutivo 741, con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al CNE se convoque a elecciones”, anunció el mandatario.

“Ecuatorianas y ecuatorianos: esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”, agregó Lasso, a días de cumplir la mitad de su mandato.

Lasso dijo en un mensaje a la nación que la Asamblea Nacional busca desestabilizar al Gobierno, la democracia y al Estado y que gobernará seis meses por decreto “para dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado al Ecuador”.

Crisis en Ecuador: ¿qué es la ´muerte cruzada´?

El presidente Guillermo Lasso firmó la denominada ´muerte cruzada´, con la que disolvió la Asamblea Nacional y podrá gobernar por decretos de urgencia económica hasta que se realicen las nuevas elecciones.

La ´muerte cruzada´ es una figura legal que le permite al presidente disolver la Asamblea Nacional para convocar posteriormente a elecciones, a fin de renovar los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

La medida, amparada por la Constitución ecuatoriana, permite que los poderes tengan la potestad de disolverse mutuamente por una sola vez en los primeros tres años de gestión presidencial, lo que activaría nuevamente elecciones generales.

¿Por qué hay un juicio político contra Lasso?

La Asamblea Nacional de Ecuador comenzó el martes a analizar el juicio político contra Guillermo Lasso, en un proceso por el que puede ser destituido en las próximas semanas si es declarado culpable.

Lasso está acusado de suscribir un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker Pool, una empresa que presta el servicio de transporte de crudo a pesar de que en la previa del proceso legislativo se comprobó que este acuerdo se realizó antes de la presidencia en curso. Desde el correísmo sostienen que el actual mandatario agregó una adenda que es penalizable.

El partido que impulsó este juicio político es el ligado al expresidente Rafael Correa, los cuales sumaron apoyo del partido Social Cristiano y facciones de las bancadas indigenista y de la Izquierda Democrática con la intención de alcanzar los votos necesarios para remover al mandatario.