El Juzgado Federal de Junín dictó el procesamiento por “apología del crimen” a la exconcejala de Juntos por el Cambio de Chacabuco que reivindicó los vuelos de la muerte al compartir en redes un posteo en rechazo a la conmemoración del Día de la Memoria, Verdad y Justicia en 2023.

La imagen mostraba un avión Hércules del Ejército que lanzaba cuerpos al vacío acompañado de la frase “Feliz día del montonero” y fue posteada por Silvia Gorosito, quien al momento de la publicación ocupaba una banca en el Concejo Deliberante de Chacabuco y que, tras el repudio generalizado, presentó su renuncia al cargo.

Al apartarse del cargo ensayó un pedido de disculpas pero incurrió en la teoría de los dos demonios al marcar que “la historia debe ser contada en forma completa para poder conocer toda la verdad y entonces empezar a sanar las heridas de nuestra sociedad, para luego trabajar juntos por un país que incluya a todos los argentinos”.

El hecho derivó en una denuncia penal de la Comisión Provincial por la Memoria y el Premio Nobel de la Paz y activista por los Derechos Humanos Adolfo Pérez Esquivel.

A partir de lo sucedido, la Fiscalía Federal de Junín reunió los elementos probatorios para iniciar la instrucción y avanzar en el procesamiento de la ex concejala por “apología del crimen”, algo que fue convalidado por el Juzgado Federal.

En la resolución dada a conocer por el diario La Posta Chacabuco, la justicia determinó que existió “una instigación indirecta, que lesiona la tranquilidad pública por el temor que despierta como fuente de criminalidad el elogio público, el enaltecimiento de los hechos delictuosos o de la persona que cometió el hecho”.

“De los elementos de juicio reunidos en autos puede colegirse que Gorosito tenía conocimiento de la publicación que efectuó, actuando con discernimiento y voluntad de expresarse sin crítica sobre un delito cometido, a lo que se aduna el carácter público del ámbito en el cual la efectuó, con la posibilidad de llegar a un número indeterminado de personas” explícita, al tiempo que incluye como agravante el carácter de funcionaria pública que revestía la acusada.

El delito en cuestión establece una pena estimativa de prisión que va de un mes a un año a quien “hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito”.

Además se estableció un embargo por 200 mil pesos para lo cual deberá ofrecer dinero o bienes suficientes en el término de cinco (5) días de notificada.