La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por medio de la Dirección General Impositiva (DGI), desbarató la comercialización fraudulenta de 2.400 toneladas de granos durante la fiscalización presencial a una firma ubicada en la provincia de Buenos Aires. Agentes del organismo conducido por Carlos Castagneto detectaron en un establecimiento dedicado a la producción de alimento balanceado faltantes de 2.150 toneladas de maíz y, por otro lado, un stock almacenado de 240 toneladas de soja y cebada que no había sido registrado, el cual fue incautado en su totalidad. En el procedimiento participaron miembros de la Policía Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad.

El operativo llevado adelante por personal de la AFIP de Bahía Blanca permitió desarticular una serie de irregularidades con las materias primas que se utilizan como insumo para la actividad. Las maniobras fraudulentas consistían en la falta de registración del movimiento de los productos, faltantes de stock, así como la ausencia de documentación respaldatoria para el ingreso de la mercadería a las plantas de acopio.

En ese sentido, los inspectores de la DGI interdictaron 180 toneladas de soja y 60 toneladas de cebada guardada en las instalaciones y cuyos movimientos no fueron registrados. Además, tampoco contaban con la documentación correspondiente que respaldara su ingreso, tenencia o propiedad. El volumen equivale a la carga de 8 camiones y tiene un valor de mercado en torno a los 21 millones de pesos.

A su vez, los agentes del organismo realizaron tareas de cubicaje que permitieron constatar y sancionar faltantes en el stock de acopio por 2.150 toneladas de maíz que figuraba en los registros pero que no contaba con la documentación que acreditara el egreso de esa mercadería o su incorporación a otro proceso productivo. En este caso, el volumen equivale a la carga de 72 camiones y un valor de mercado superior a los 116 millones de pesos.

Este tipo de maniobras fraudulentas facilitan la evasión de las obligaciones fiscales, al tiempo que restan transparencia a las operaciones de comercialización. Las acciones de la DGI especializadas en actividades agropecuarias focalizan sus esfuerzos para desarticular irregularidades y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente para evitar que actores de la cadena cometan acciones ilegítimas que redunden en competencia desleal para los productores legítimos.