Desde el 31 de mayo del año pasado, duerme el sueño de los justos en la comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento del Concejo Deliberante, presidida por el interbloque de Juntos por el Cambio, el proyecto de ordenanza presentado por el concejal de Crear, Alejandro Carrancio, para que el cargo de Defensor del Pueblo vuelva a ser unipersonal, es decir que deje de haber tres defensores percibiendo cada uno 5 sueldos básicos de la categoría inferior del Grupo Ocupacional Administrativo ( $ 169.042,92 multiplicado por 5) equivalentes a $ 845.214,60 per cápita, totalizando un monto mensual de $ 2.535.643,80, y haya solo uno titular y otro suplente, que como el adjunto de antaño, sólo en el caso de ocupar el cargo percibiría remuneración, a fin de “reducir considerablemente el gasto público”.

Según contempla la iniciativa legislativa - cajoneada desde hace más de un año - , el Defensor del Pueblo “sería electo a partir de la propuesta elevada por la fuerza política que resultara electa en segundo lugar en las elecciones generales donde se vote para el cargo de Intendente”. La cual “deberá elevar ante el Honorable Concejo Deliberante la propuesta de un titular y un suplente para ocupar dicho cargo el 20 de diciembre de cada año y el cuerpo contará con el plazo de 15 días hábiles desde que se elevó la propuesta para someterla a votación. De no alcanzar los votos suficientes para ser aprobada la propuesta, la fuerza política deberá remitir al cuerpo deliberativo una nueva propuesta en el plazo de 5 días hábiles; de no hacerlo se convocará a la fuerza que haya salido tercera para que envíe una propuesta a los fines de ser sometida al procedimiento para la elección del Defensor del Pueblo”.

Asimismo, el proyecto mantendría la duración de cuatro años del cargo unipersonal y “en caso de licencia, suspensión o remoción del Defensor del Pueblo titular quien haya sido designado ante el Concejo Deliberante como suplente ocupará el cargo por el tiempo que la que la circunstancia lo determine. Sólo en el caso de ocupar el cargo el Defensor del Pueblo suplente percibirá remuneración”.

Haciendo un poco de historia, cabe traer a colación que la ordenanza original creando la figura del Defensor del Pueblo fue presentada en el Concejo Deliberante en el 1985, estuvo 6 años sin poder generar los consensos necesarios para ser aprobada, y una vez sancionada transcurrieron 11 años sin que se pudiera poner en funcionamiento al Defensor. Pero el “tribuno del pueblo” se diluyó desde el mismo momento en que se puso en marcha, a través del sistema de elección representativo de un grupúsculo de electores, provenientes de las corporaciones profesionales, vecinales y paraestatales.

Ante la falta de consenso entre los concejales para dirimir cuál de los tres funcionarios electos sería el Defensor, relegando a los restantes a la condición de Adjuntos (sin percibir remuneración) y después de varios intentos fallidos, en la sexta sesión especial del 1 de octubre de 2013, Acción Marplatense, a la sazón partido gobernante, con el voto del Frente para la Victoria y el concejal del PRO Hernán Alcolea, finalmente se transformó la “Defensoría del Pueblo” en un órgano colegiado. La primera troika quedó conformada por Fernando Rizzi en representación de las corporaciones profesionales, el vecinalista de la zona sur Walter Rodríguez, y el ex secretario general de la Asociación Bancaria, Fernando Cuesta. Este último electo como representante de las ONGs.

Cuatro años después, la renovación de los componentes del órgano colegiado sin precedentes – heredado del último gobierno de Gustavo Pulti – se instaló en los medios nacionales como un papelón, que se judicializó cuando Leonardo Dorsch, Juan Aiello, Alejandro Fuscaldo, Claudio Jaime y Ricardo Saracino, quienes se habían postulado por las ONGs, denunciaron que el padrón de entidades con la posibilidad a votar fue recortado por el Concejo Deliberante, para favorecer a quien fue secretario general de la CTA durante 12 años.

Por su parte, el por entonces defensor saliente Walter Rodríguez, tras haber fracasado en su intento de revalidar la representación del fomentismo, acusó a concejales del FpV y de Acción Marplatense de haber operado en su contra, coronando con otro escandálate el carácter irrepresentativo de una institución atravesada por los intereses en juego que laten en una soterrada lucha política, cuya reparación parece ser resistida, a juzgar por la permanencia en el Limbo de los Justos de un proyecto de ordenanza, que apunta a una sustancial reducción de costos innecesarios, pues los sueldos de los dos Defensores sobrantes representan desde el mes de julio y hasta la próxima paritaria municipal nada menos que $ 1.690.429,20 por mes. En otras palabras, sólo durante los meses de julio y agosto los dos Defensores residuales implicarán una erogación de $3.380.858,04 en lo que distaría de ser una prioridad del gasto público.