La Aduana aplicó multas por 4.600 millones de pesos a la firma Vicentin en una causa por subfacturación y triangulación de exportaciones, en base a operaciones realizadas entre 2016 y 2019, antes que la firma entrar en concurso.

El organismo que conduce Guillermo Michel realizó la denuncia en base a operaciones detectadas en las aduanas de San Lorenzo, Rosario, Bahía Blanca y Necochea con destino a distintos países, pero facturando sus operaciones a su filial en Uruguay.

Según la investigación de la Aduana se declararon embarques a un valor muy inferior al que luego vendía a los destinatarios reales de las cargas en otros países.

Voceros de Vicentín rechazaron las acusaciones y explicaron a LPO que la sanción se basa en una interpretación errónea de las operaciones objetadas. “Se trata de un tema técnico que aplica la nueva administración de la Aduana, que no compartimos y vamos a apelar”, afirmaron los voceros.

“La sucursal de Uruguay existe desde el año 2000, siempre se hizo el mismo procedimiento y nunca hasta ahora se lo había objetado”, agregaron los voceros y destacaron que “todas las ganancias de Uruguay, por tratarse de una filial, tributan en la Argentina, de manera que nunca se dejó de pagar ningún derecho de exportación”.

Sin embargo, fuentes de la Aduana insisten que detectaron diferencias de valor en la documentación analizada y por tanto ratifican que en esos casos Vicentín no declaró el real valor internacional de las ventas, realizadas por la sucursal de Uruguay. Incluso adelantaron que “se va a pedir la responsabilidad solidaria de la familia propietaria”.

La compañía emparentó el caso con otra controversia reciente por un tema “técnico” que tuvo con la AFIP y terminaron ganando en la Corte Suprema. En efecto en ese caso, el máximo tribunal dispuso que no se le cobren créditos impositivos vinculados a los períodos fiscales de 2014 y 2015 por más de 105 millones de pesos.

La nueva multa de la Aduana encuentra a Vicentín en un momento delicado cuando lleva adelante actualmente un concurso de acreedores para resolver una deuda de cientos de millones de dólares. Hace poco, el directorio de la compañía del norte de Santa Fe presentó un posible plan de pagos a sus acreedores y espera el aval judicial.

La propuesta fue impugnada por los cuatro acreedores del sector público (Banco Nación, Banco Provincia de Buenos Aires, BICE y AFIP), pero la semana pasada el juez rechazó las impugnaciones y postergó hasta finales de julio la resolución del concurso preventivo.

Desde el anuncio de la fallida estatización, lo que ocurrió con la propiedad de la empresa es que se incrementó la extranjerización. Como en muchos otros rubros estratégicos, también aparece el fondo BlackRock.

La participación del Fondo de inversión más grande del planeta se da a través de Glencore que operaba en la Argentina a través de Oleaginosa Moreno, una empresa familiar que devino en multinacional hacia fines de la década del 90.

En el 2021 Glencore compró la sociedad Viterra, con domicilio cambiante entre Estados Unidos y Canadá, y dispuso que sea la nueva cabecera del grupo en lo que hace a sus negocios agropecuarios. Así Glencore aumentó su participación en Renova, la sociedad que manejaba con Vicentin, y pasó a controlar el 66 por ciento de las acciones

Parte del dinero que se pagó por esa operación, 122 millones de dólares, quedó retenido en el banco suizo Rabobank, socio de BlackRock desde 2013, según consta en la auditoría forense realizada en el marco del concurso de acreedores.

En el mercado especulan que el próximo movimiento de Glencore será adquirir el restante 33 por ciento de Renova, todavía en poder de Vicentin.

Las tres firmas interesadas en quedarse con los activos de Vicentin son ACA, Viterra y Molinos Agro, de la familia Pérez Companc, donde también tiene un porcentaje accionario BlackRock. Hasta 2014, Molinos era la dueña de Renova.