En medio de un contexto de tensión por los robos organizados a comercios de las últimas horas, la Justicia Federal inició una investigación a Raúl Castells después de que este se adjudicara los ataques.

Sin embargo, en primera instancia el juez Rafecas determinó que se evaluará el tenor de las palabras emitidas por el dirigente piquetero en Crónica TV: “El hecho delictivo es que el kilo de milanesas esté 4.200 pesos. En Mendoza, Neuquén, Córdoba, en el Chaco, Capital Federal y en el conurbano la gente está saliendo por comida. Nosotros somos los que estamos convocando a esto, les estamos diciendo que sin robar plata ni romper nada, se lleven lo que se puedan aunque sea para canjear por comida”.

Al ser consultado sobre si desde su agrupación se estaba promoviendo los intentos de robo, Castells respondió: “Sí, hombre. El gobierno ha quitado los alimentos a todos los comedores comunitarios del país desde hace tres meses”.

Para continuar con la investigación, también se considerarán audios que aporten a la causa y recién será después de ello que, eventualmente, podría ser citado a indagatoria junto a su grupo de abogados. La investigación, tras la delegación del juez Rafecas, quedó en manos de la Fiscalía que conduce Alejandra Mángano.

Por estas declaraciones, Republicanos Unidos presentó esta mañana una denuncia penal contra el dirigente social, en la que lo acusó de haber incumplido el artículo 209 del Código Penal, que contempla 2 años de prisión a quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”.

“Toda vez que el denunciado se expresó en plural -como ´nosotros´-, debe investigarse qué otras personas participaron de la acción típica”, indicaron desde la agrupación a través de un comunicado de prensa.

La presentación judicial lleva la firma de los abogados Yamil Santoro y Juan Manuel Fazio, junto con María del Rosario Cisneros y Facundo Sapienza, y la denuncia quedó radicada ante el juzgado criminal y correccional Número 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas.

Desde Republicanos Unidos advirtieron que de comprobarse el delito las penas de prisión van de entre dos a seis años según la gravedad del mismo.