Las protestas de diferentes asociaciones y partidos políticos se sucedieron en Corea del Sur el jueves con motivo del inicio del vertido al mar de aguas tratadas de la central nuclear japonesa de Fukushima, al tiempo que las autoridades locales anunciaron controles exhaustivos sobre productos marinos para garantizar que su consumo es seguro.

La Federación de Movimientos Medioambientales de Corea o la Confederación de Sindicatos de Corea (KCTU), la mayor del país, llevaron a cabo protestas en la capital, Seúl, y en otras ciudades como Busan, Gwangju o la isla de Jeju.

A su vez, 16 estudiantes resultaron arrestados por intentar acceder sin permiso al interior de la embajada japonesa en Seúl.

Por su parte, el principal bloque opositor, el liberal Partido Democrático (PD), llevó a cabo una protesta en la Asamblea Nacional (Parlamento), donde tiene mayoría y donde ha prometido legislar para prohibir la importación de productos del mar potencialmente expuestos a los vertidos y para endurecer el etiquetado indicando el origen de estos alimentos.

A su vez, gobiernos municipales y provinciales en todo el país prometieron incrementar los controles de radiación sobre pescados y mariscos, mientras que el ministro de Pesca surcoreano, Cho Seung-hwan, insistió en que, “como miembro de la comunidad internacional”, Corea del Sur no tiene más remedio que aceptar la decisión de Tokio y recordó que se han aprobado ayudas económicas.

En ese sentido, se ha dispuesto de momento una partida de unos 300.000 millones de wones (unos 227 millones de dólares) para asistir al sector pesquero.

Corea del Sur mantiene además desde 2013 su prohibición de importar productos marinos de ocho prefecturas japonesas cercanas a la accidentada central nuclear.

Japón comenzó este jueves a verter al océano Pacífico agua contaminada procedente de la planta de Fukushima tras ser tratada para retirarle la mayor parte de residuos radiactivos, un proceso que se estima que durará unas tres décadas y que supondrá arrojar al mar más de un millón de toneladas de ese líquido.

El agua contaminada es tratada con el sistema ALPS, capaz de retirar por completo 62 tipos de materiales radiactivos, a excepción del tritio y del carbono-14, en un proceso supervisado por las autoridades niponas y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para garantizar que se ajusta a los estándares de seguridad globales.

No obstante, la decisión adoptada por Tokio hace dos años ha generado importantes protestas y malestar en países vecinos como China o Corea del Sur.

El Ejecutivo nipón decidió en 2021 recurrir a la descarga controlada al mar como vía para deshacerse del líquido contaminado que se acumula en las instalaciones nucleares, como un paso previo para el desmantelamiento de la planta que sufrió el impacto del terremoto y tsunami que sacudieron esta zona de Japón en 2011.