El gobierno municipal analiza las ofertas de dos proveedores: Ciageser S.A y Pasalto Materiales S.R.L., para la construcción del módulo 2 del relleno sanitario, una obra clave para el predio de disposición final.

La apertura de sobres de la licitación se realizó el 28 de agosto pasado, con un presupuesto oficial que asciende a $677.431.264,02.

La compulsa se llevará a cabo en dos etapas, de acuerdo a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. En la primera, se evaluará la capacidad jurídica, económico-financiera y técnica para afrontar las inversiones requeridas y la correcta ejecución del servicio licitado. En la segunda, se analizará exclusivamente la propuesta económica.

Según estimaciones del Emsur , al módulo 1 le quedan tan sólo unos meses de vida útil, por lo que urge realizar la intervención para que no colapse el sitio donde se disponen los residuos sólidos de la comuna. El nuevo espacio a construir tendrá 3,7 hectáreas y se prevén 150 días de obra.

Simultáneamente, el gobierno local también analiza los pasos a seguir respecto a la concesión del servicio de operatoria y mantenimiento del predio de disposición final, licitación que abrió el 5 de julio pasado, donde se presentaron cuatro empresas interesadas: Pasalto Materiales, Transervice, Transportes 9 de Julio y Polo Ambiental. Ésta última es una Unión Transitoria de Empresas (UTE).

Tras realizar un primer análisis, el Emsur rechazó las propuestas de Pasalto Materiales y Transervice. En el primer caso, porque la empresa no acreditó los antecedentes mínimos vinculados tanto a la operación y mantenimiento de centros de disposición final de residuos, como a la recolección, barrido y servicios especiales que exige el pliego de bases.

Con respecto a la segunda firma, el ente que conduce Sebastián D’andrea indicó que “no reúne los indicadores mínimamente necesarios para cumplir con lo establecido en cuanto a la capacidad económica financiera”. De esta manera, se declararon “admisibles” las ofertas de la empresa 9 de Julio y Polo Ambiental.

La intención del Ejecutivo es avanzar en la contratación de una única firma por cuatro años, con opción de dos más de prórroga. El presupuesto mensual para sostener el servicio asciende a casi $63 millones, con una proyección de $3.000 millones para los primeros 48 meses, aunque el monto se podrá ajustar por inflación.