El Tribunal Oral N°3 de Mar del Plata absolvió este martes al ex camarista Jorge García Collins, acusado de haber recibido dinero de Margarita Di Tullio para beneficiar con excarcelaciones a algunos de sus amigos presos.

El ex camarista tuvo que renunciar a su cargo en 1999 tras quedar expuesto mediante escuchas telefónicas que recibía dinero de Margarita Di Tullio, alias “Pepita la pistolera”.

Después de varios años de investigación con el foco puesto sobre la legalidad, o no, de las escuchas que incriminaron a García Collins, recién en 2005 “Pepita la pistolera” fue condenada a 3 años de prisión en suspenso por cohecho, causa resuelta en juicio abreviado.

Sin embargo, la causa judicial contra el camarista derivó de juzgado en juzgado dado que la mayoría de los jueces locales se excusaban de ser parte del proceso por cercanía, amistad o por otro motivo que pusiera en duda su independencia y autonomía.

Al mismo tiempo, la renuncia a su cargo no pudo evitar que un jury de enjuiciamiento encontrara responsable al ex camarista en 2001. Pese a esto, García Collins pudo conseguir su jubilación, aunque la causa penal se mantuvo vigente hasta la actualidad.

Finalmente, los magistrados Fabián Riquert, Federico Wacker Schroder y Juan Manuel Sueyro consideraron que la acción penal resulta extinta y por eso no condenaron a García Collins, aunque el primero de ellos tuvo un voto disidente y manifestó que los hechos sucedieron y que en su momento dañaron la credibilidad de la Justicia.

“El presente caso se trata de un caso ‘complejo’ en su resolución”, manifestó Riquert. Y fundamentó sus dichos en que, por un lado, los plazos de juzgamiento hacen que la acción penal se encuentre extinta por no tratarse de un delito “imprescriptible” el que se le adjudicó a García Collins. Pero, a la vez, indicó que el hecho está probado y, en esa línea, “la Constitución Nacional considera que el funcionario público que enriquece ilícitamente del estado, atenta contra el sistema democrático y el orden constitucional”.

Por ello, consideró que lo ocurrido causó, en su momento, un grave daño a la imagen de credibilidad que debe ostentar el Poder Judicial.