El presidente electo Javier Milei dio definiciones sobre sus planes de gobierno a partir del 10 de diciembre. En una extensa entrevista concedida al periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre, aseguró que privatizará la Televisión Pública, Radio Nacional y la agencia nacional de noticias Télam.

“Nosotros consideramos que la Televisión Pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda. Durante la campaña, el 75% del tiempo que se habló de nuestro espacio se hizo de una manera muy negativa, abonando la campaña sucia, la campaña del miedo”, introdujo.

“No adhiero a esas prácticas de tener un Ministerio de Propaganda encubierto: tiene que ser privatizado. Lo mismo con Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estar en manos del sector privado”, especificó.

“¿Y la agencia Télam?”, repreguntó Feinmann. “Absolutamente”, contestó.

Vale recordar, que el pasado 15 de noviembre la diputada nacional electa por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, mientras realizaba una recorrida por la estación Constitución manifestó que los medios de comunicación estatales iban a ser privatizados.

“Vamos a cerrar la TV Pública, vamos a privatizar la TV Pública. Los medios públicos se van a privatizar, así que procurá ser una buena trabajadora”, aseguró Lemoine en declaraciones a una cronista del canal público.

Ante estas declaraciones de la futura legisladora nacional, los trabajadores de la TV Pública emitieron un comunicado de prensa para condenar esas afirmaciones y advirtieron que Lilia Lemoine “desprecia la libertad de prensa y a los trabajadores”.

“Repudiamos la amenaza vertida por Lilia Lemoine al equipo periodístico de TVP Noticias que le realizó la entrevista”, manifestaron en su cuenta de la red social X.

Asimismo, los trabajadores incluso resaltaron que el hecho de haber publicado la entrevista a Lemoine “constituye una demostración de la pluralidad de voces que rige en el canal y en los medios públicos”.

Desde la Defensoría del Público también destacaron, en su momento, el rol de los medios públicos “en la construcción de una sociedad democrática y plural que prioriza el derecho a la comunicación, la expresión y la participación de todas las voces”.

Además, resaltaron que el “derecho a la comunicación es un bien social. Las actividades realizadas por los servicios de comunicación audiovisual son de interés público y fundamentales para el desarrollo sociocultural de la población”.

“Cualquier intento de desconocer la legislación vigente atenta contra la democracia y la participación ciudadana”, afirmó la Defensoría.