En el marco de un acalorado y picante debate del cual participaron los dos defensores del Pueblo Daniel Barragán y Luis Salomón respaldados desde la barra por fomentistas y dirigentes sindicales de las tres centrales obreras de Mar del Plata, la comisión de Legislación del Concejo Deliberante aprobó mayoritariamente este martes, con el voto del interbloque Juntos por el Cambio, el proyecto presentado el jueves por el oficialismo para reducir la Defensoría del Pueblo de tres a un titular y eliminar el sistema estamental de elección por parte de representantes de corporaciones profesionales, asociaciones vecinales de fomento y organizaciones no gubernamentales.

En forma desprolija y a último momento se improvisó una modificación a la iniciativa legislativa para reformar la estructura de la Defensoría del Pueblo, impulsada por JxC, dado que el concejal de Acción Marplatense Horacio Taccone les hizo notar que “hay muchas cosas que me dan vergüenza y una es que nos intenten llevar a las corridas. Una ordenanza que por haber sido redactada a las apuradas tiene grandes errores. Se olvidaron de hablar del defensor del Pueblo suplente, si el defensor se tiene que tomar licencia, nos quedamos sin defensor”.

Ante la observación del edil pultista, el oficialismo incorporó un artículo del proyecto que el actual diputado provincial por la LLA, Alejandro Carrancio había presentado el 31 de mayo del 2022 - cajoneado desde entonces - , en virtud del cual se estableció que “en caso de licencia, suspensión o remoción del Defensor del Pueblo titular quien haya sido designado ante el Concejo Deliberante como suplente ocupará el cargo por el tiempo que la que la circunstancia lo determine. Sólo en el caso de ocupar el cargo el Defensor del Pueblo suplente percibirá remuneración”.

Si bien ambos proyectos tenían varios puntos en común, la diferencia significativa radica en que la propuesta original de Carrancio planteaba que el Defensor sea elegido a propuesta de la oposición, pero no fue tenida en consideración por el oficialismo, imponiendo el criterio que sea el Concejo Deliberante quién lo elija por mayoría simple. Con lo cual dio lugar a los cuestionamientos de la oposición.

“Por más que se usen eufemismos, lo cierto es que este proyecto elimina la Defensoría del Pueblo, que el oficialismo lo diga sin vueltas, que presenten un proyecto para eliminarla. Esto que están haciendo es un mamarracho. Lo único que buscan es acomodar a alguien en un cargo político y eso es la casta”, lanzó la edil de Unión por la Patria, Mariana Cuesta.

En la misma línea, su par del Frente Renovador Ariel Ciano sostuvo: “Esperaba una mayor fundamentación. No nos subestimen, tampoco a la gente. Las mayorías se disfrutan o se sufren. Nos subestiman cuando dicen que cualquiera se puede anotar, pero entre los 13 van a elegirlo. La verdad es que ustedes van a elegir a quien tiene que controlarlos a ustedes mismo”.

“¿A ustedes le parece más republicano que la mayoría del Concejo Deliberante, que responde al intendente, elija a quien lo va a controlar? A mí me parece que no, pero ustedes tienen los votos para hacer lo que quieren”, remató.

La votación uninominal del expediente emparchado a último momento, sufrió interrupciones a raíz de las protestas enardecidas desde la barra. Finalmente, el proyecto de ordenanza fue despachado favorablemente por mayoría, pasando así a formar parte del orden del día de la sesión extraordinaria del próximo jueves, mientras el presidente de la comisión, Daniel Núñez, se vio obligado por las circunstancias a solicitar un cuarto intermedio para poder continuar con el normal desenvolvimiento de la reunión, ante el clima de alta tensión que se había generado.

Haciendo un poco de historia

Cabe traer a colación que la ordenanza original creando la figura del Defensor del Pueblo fue presentada en el Concejo Deliberante en el 1985, estuvo 6 años sin poder generar los consensos necesarios para ser aprobada, y una vez sancionada transcurrieron 11 años sin que se pudiera poner en funcionamiento al Defensor. Pero el “tribuno del pueblo” se diluyó desde el mismo momento en que se puso en marcha, a través del sistema de elección representativo de un grupúsculo de electores, provenientes de las corporaciones profesionales, vecinales y paraestatales.

Ante la falta de consenso entre los concejales para dirimir cuál de los tres funcionarios electos sería el Defensor, relegando a los restantes a la condición de Adjuntos (sin percibir remuneración) y después de varios intentos fallidos, en la sexta sesión especial del 1 de octubre de 2013, Acción Marplatense, a la sazón partido gobernante, con el voto del Frente para la Victoria y el concejal del PRO Hernán Alcolea, finalmente se transformó la “Defensoría del Pueblo” en un órgano colegiado. La primera troika quedó conformada por Fernando Rizzi en representación de las corporaciones profesionales, el vecinalista de la zona sur Walter Rodríguez, y el ex secretario general de la Asociación Bancaria, Fernando Cuesta. Este último fue elegido como representante de las ONGs.

Cuatro años después, la renovación de los componentes del órgano colegiado sin precedentes – heredado del último gobierno de Gustavo Pulti – se instaló en los medios nacionales como un papelón, que se judicializó cuando Leonardo Dorsch, Juan Aiello, Alejandro Fuscaldo, Claudio Jaime y Ricardo Saracino, quienes se habían postulado por las ONGs, denunciaron que el padrón de entidades con la posibilidad a votar fue recortado por el Concejo Deliberante, para favorecer a quien fue secretario general de la CTA durante 12 años.

Por su parte, el por entonces defensor saliente Walter Rodríguez, tras haber fracasado en su intento de revalidar la representación del fomentismo, acusó a concejales del FpV y de Acción Marplatense de haber operado en su contra, coronando con otro escandalete el carácter irrepresentativo de una institución atravesada por los intereses en juego que laten en una soterrada lucha política, cuya reparación curiosamente no preocupó a Juntos por el Cambio hasta contar con mayoría propia. De hecho, el proyecto de Carrancio fue presentado el 31 de mayo del año pasado, y desde entonces permaneció cajoneado en la comisión de Legislación, y ahora lo desempolvó sólo para introducir el artículo sobre el Defensor Suplente que en los apurones había omitido, descartando la posibilidad de que el Defensor sea propuesto por la oposición para aventar suspicacias, que por cierto quedaron flotando en el recinto.

Tampoco es un detalle menor que durante el mes de noviembre el sueldo básico del empleado administrativo inicial con 40 horas quedó fijado en $229.025,90, multiplicado por 5 sueldos básicos, implicó que el salario en bruto de cada Defensor del Pueblo ascendiera a $ 1.145.129, 50, totalizando entre los tres un gasto salarial equivalente a $3.435.388,50.

Tras la renuncia de Fernando Rizzi a la Defensoría para asumir como secretario de Educación en el gabinete del intendente Guillermo Montenegro, el organismo actualmente es conducido por Daniel Barragán y Luis Salomón, cuyos mandatos vencieron en noviembre de 2023, pero fueron extendidos por medio año.