En medio del conflicto con los gobernadores por la caída de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, el gobierno de Javier Milei, a través de la Secretaría de Transporte, decidió eliminar el Fondo Compensador del Interior por el cual se subsidiaban a las empresas de colectivos urbanos del interior del país. La decisión fue anunciada este jueves a la mañana a través de un comunicado oficial y tuvo una repercusión negativa en las provincias.

Pasadas algunas horas de conocida la medida, los gobernadores de distintos partidos políticos comenzaron a manifestar su disconformidad. Muchos de ellos ven en el momento de la comunicación un dato clave. Fue justo después de que la ley fracasara y el Presidente acusara los mandatarios de “traidores” y a los legisladores que les responden de “delincuentes”. Un pase de factura que aumenta la tensión en el vínculo político entre los mandatarios y la Casa Rosada.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó que a la provincia que gestiona “siempre la han discriminado”. En ese sentido, agregó: “Como siempre, la provincia de Santa Fe sola le puso el pecho a los problemas. Nunca creímos que se iban a cortar los subsidios”. La medida sorprendió y enrarece, aún más, el vínculo político entre la Casa Rosada y los gobernadores.

Pullaro aseguró que a la provincia “se le quitan 1500 millones de pesos por mes”, que era una parte de los subsidios que daba la Nación para sostener los subsidios al transporte. “Otra vez nos dejan solos. Hay una discriminación sobre el interior de la Argentina en materia de subsidios”, sentenció el mandatario, que ayer sufrió la suspensión de una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, por una supuesta cuestión de agenda.

El mandatario de Mendoza, Alfredo Cornejo, fue otro de los mandatarios que elevó la voz en referencia a la quita de subsidios. “La eliminación de subsidios de transporte para el interior del país, sosteniendo los del AMBA, incumple el Pacto Fiscal de 2017. Se mantienen fuertes asimetrías entre el conurbano bonaerense y el resto del país. Bienvenido el orden fiscal, pero debe ser equitativo”, escribió en sus redes sociales.

En San Juan y Buenos Aires, provincias gobernadas por Marcelo Orrego y Axel Kicillof, coinciden en que “el mayor impacto de la medida lo tendrá la gente”. En el gobierno sanjuanino sostienen que la decisión “impacta en el sector de la sociedad más necesitado”, mientras que en La Plata sostienen que la quita “será un golpe a la gente y no al Gobierno”.

En Río Negro, donde gobierna Alberto Weretilnek, la situación es similar. “Nos va a generar un daño muy grande. Nos liquida”, indicaron cerca del mandatario. Frases similares salieron del entorno del gobernador salteño Gustavo Sáenz, donde advierten que el boleto de colectivo podría llegar a salir $800. Ambas provincias están en pie de guerra contra la Casa Rosada porque el Gobierno les dejó de transferir los fondos del Incentivo Docente.

“Había un acuerdo con el gobierno que incumplieron. Les dijo a los gobernadores que en enero lo financien ellos el subsidio y a partir de febrero los recursos los ponía Nación. Y eso no sucedió”, se quejaron en una gobernación del sur del país. Los enojos múltiples son la evidencia de una relación que se desgasta a toda velocidad.

Distinta es la situación en Catamarca, donde gobierna el peronista Raúl Jalil. “Por ahora vamos a bancar nosotros el precio del boleto, pero seguro en algún momento tendremos que incrementar”, indicaron en la gobernación norteña. El mandatario es uno de los pocos peronistas que tiene buena sintonía con Balcarce 50.

Los intendentes de las principales ciudades del país emitieron un comunicado marcaron su “extrema preocupación” y destacaron que la medida “no es contra los intendentes, es contra los millones de estudiantes, enfermeros, trabajadores que diariamente utilizan el transporte público para movilizarse en sus respectivas ciudades”.

Además consideraron que la determinación afecta de “forma directa” la productividad del país. Fueron terminantes al marcar que “la medida implicaría dejar sin transporte a todo el interior del país” y que sostiene “la inequidad con el AMBA, ya que la eliminación solo está planteada para el interior”. Un total de 17 intendentes firmaron el texto que tiene el respaldo de más de cien jefes comunales de todo el país.

“Si bien, un esquema posible es el subsidio directo a los pasajeros y no a las empresas, esto tiene que ser estudiado en profundidad para establecer el universo de quién es sujeto pasible de recibir dicho subsidio. Hacerlo de manera improvisada, puede implicar dejar sin transporte público a millones de argentinos del interior”, indicaron en el comunicado.

En ese sentido, aseguraron que ante esta situación, evalúan “todas las medidas políticas y judiciales para garantizar las partidas ya asignadas por el presupuesto nacional”.

Los intendentes se sumaron al reclamo que los gobernadores vienen realizando desde hace tiempo e intensificaron su malestar con el gobierno de Javier Milei.

El rechazo fue respaldado por Damian Bernarte (San Francisco), Daniel Passerini (Córdoba capital), Eduardo Accastello (Villa María), Emiliano Durand (Salta), Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Javier Martínez (Pergamino), Jorge Jofré (Formosa), Juan Manuel Llamosas (Río Cuarto), Juan Pablo Poletti (Santa Fe), Marcos Ferrer (Río Tercero), Mariano Gaido (Neuquén) Pablo Javkin (Rosario), Pablo Petracca (Junín), Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), Rosario Romero (Paraná), Roy Nikisch (Resistencia) y Santiago Passaglia (San Nicolás).