Presentamos en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para la creación del "Programa de Repartidores Seguros en el Transporte" (Re.Se.T), sostuvo el concejal de UP, Diego García, cuyo objetivo agregó "es garantizar la seguridad de las y los trabajadores que presten servicios de reparto de todo tipo de bienes y productos a domicilios y comercios".
La iniciativa legislativa está orientada a proveedores y distribuidores de productos y elementos de comercios y empresas, fleteros, repartidores a domicilio, en relación de dependencia con un comercio y de aplicaciones móviles, así como a mensajeros o cadetes que utilicen regularmente un vehículo para su actividad.
De prosperar este proyecto se le entregará a cada trabajadora o trabajador inscripto en este Programa un dispositivo de tipo Rastreador Personal GPS+GSM/GPRS con botón de pánico (S.O.S).
Asimismo, se prevé que el financiamiento para el Programa podrá realizarse a partir de fondos no afectados de los recursos obtenidos por el cobro de Fotomultas y Derechos de Oficina.
Al respecto, el concejal García fundamentó que “para el Ejercicio 2024, el Municipio pretende recaudar $167.000.000 por Fotomultas, mientras que por Derechos de Oficina (inciso del Presupuesto de Recursos en el que se incluye el cobro por certificados de Inspección técnica y de Habilitación para el transporte de elementos, productos y personas) se espera recaudar $1.422.000.000, aunque no sea posible discernir cuánto de ese monto proviene específicamente de habilitaciones de tránsito”.
Señaló que “a partir de la revisión de la última licitación de compra de dispositivos de GPS y alerta S.O.S, de agosto y septiembre del 2023, donde se ofertaron 250 rastreadores por $13.350.000, se concluye que cada dispositivo tiene un costo de $53.400; y que a partir de conversaciones con los sectores que serían beneficiarios de esta política, se estima que serían necesarios 2.000 dispositivos para alcanzar a todo este universo laboral”, infiriendo que “a razón del cálculo anterior, con la afectación del 6,72% de los recursos obtenidos por Fotomultas y Derechos de Oficina ($1.589.000.000), se podrían adquirir los dispositivos a fines de cubrir a los transportistas y repartidores alcanzados por este Programa”.
Sostuvo, además, que “el Estado eficiente es aquel que retribuye el esfuerzo económico que hacen los contribuyentes y el fin del gobierno municipal no debe ser solo el de administrar el Estado, sino también ampliarlo, mejorarlo y hacerlo funcional a las necesidades de la población”.
Y consideró que “es necesario destacar el esfuerzo que hacen trabajadores y contribuyentes para afrontar el pago de tasas e impuestos, que financian en gran parte el funcionamiento del Estado municipal, motivo por el cual, resulta fundamental que ese dinero se reinvierta, entre otras cosas, en políticas de seguridad que los proteja en el desarrollo de su actividad”.
Finalmente, en diálogo con Cazador de Noticias, el autor del proyecto hizo hincapié en que “a partir del aumento de la criminalidad en general, pero específicamente en los robos y hurtos de automotores y motovehículos, es un deber de las instituciones municipales como el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo trabajar en conjunto para prevenir y actuar sobre estos tipos específicos de delito. Por lo tanto, apuntamos a que las y los trabajadores que prestan servicios de repartos en nuestra ciudad puedan desarrollar su actividad seguros y cuidados por el Estado”.