Los festejos por el 150 aniversario de la ciudad, sirvieron para dejar en claro un par de cosas: la primera es como se corta la torta o mejor dicho quienes cortan la torta y la segunda, que los vecinos deben esperar las migas que les toquen.

Establecer el valor del boleto de colectivo en nuestra ciudad, pareciera manejarse con la misma lógica, ya hace muchos años. Se crea el clima del aumento, se manipulan datos para que el costo sea alto, se publica acerca de los problemas que tienen los empresarios para subsistir y en el Concejo Deliberante, hacen como que discuten “preocupados por el laburante y por los empresarios que ya no resisten los costos del servicio”. Entonces con el aumento queda claro que es más negocio que servicio, también queda claro quienes cortan la torta y también más que claro que las migas de un pésimo servicio son para los que utilizan la tarjeta SUBE.

El Departamento Ejecutivo elevó un estudio de costos insostenible. Uno de los datos centrales que sirve de punto de partida para toda una sumatoria de cuentas que lleva a obtener el valor del boleto que deberá pagar “el laburante”, está mal, es erróneo.

Salvo que además de choferes fantasmas haya colectivos fantasmas, es imposible que los funcionarios firmantes de ese estudio elevado para su tratamiento puedan hacer creer a alguien, que las distintas líneas están funcionando un 80%. Es decir que de cada 10 colectivos que deberían cumplir las frecuencias, lo están haciendo 8.

Esperando no atosigar con datos, que quede claro que las ordenanzas que regulan el sistema de transporte público de nuestra ciudad (ordenanza 16789 y modificatorias) establecen que como mínimo las distintas líneas deben recorrer 35.774.000 kilómetros al año. Repetimos, como mínimo 35.774.000 km al año. Eso es sacarse un 10 en cuanto al cumplimiento de las frecuencias.

Ahora bien, el área de Movilidad Urbana envía un estudio de costos al Concejo Deliberante en el que afirma que las empresas de colectivo recorrieron casi 29.000.000 millones de km en el último año, de los 35.774.000 km que deberían haber cumplido. Ese porcentaje de servicios es coincidente con el que dice haber cumplido la cámara de empresarios (Cametap) al momento de presentar la nota 5-2024 en la que pide el aumento y lo afirma también el área de Movilidad Urbana, autoridad de contralor del cumplimiento de las frecuencias. No estuvimos en el momento de la firma, pero suponemos que fue firmado por los funcionarios sin ponerse colorados.

Insistimos, salvo que sean colectivos fantasmas, no resiste el menor cotejo con la realidad de lo que viene pasando con las distintas líneas de colectivo. Usuarios y usuarias esperando con suerte media hora a que pase un colectivo, en la mayoría de los casos 40 minutos o más de una hora, y además esperar que el colectivo que venga tenga espacio para ascender, ya que también es recurrente, sin importar la franja horaria, que los colectivos vengan colmados y que haya que esperar al siguiente o volverse caminando casa. Lo que debería pasar con las diferentes líneas a modo de ejemplo es que circulen cada 10,12 o 15 minutos en horas pico (7 a 9 de la mañana, entre las 12 y las 14 hs, y entre las 16 y las 18 hs) o como mucho cada 30 minutos fuera de estas franjas horarias, salvo desde las 0 hora hasta las 4 de la mañana en la que cada línea debe disponer de una frecuencia como mínimo por hora. El escenario real de cumplimiento de las frecuencias indica que con suerte están funcionando a un 60% de lo que deberían. Esto es varios millones de km menos que los que informan en el estudio de costos, y con ello varios millones (muuuchooos) de pesos menos al año que los que les piden al usuario con una tarifa “inflada”.

Si el usuario supiera cuales son realmente las frecuencias por las que están pagando el valor actual del boleto, seguramente el malestar se haría sentir de otro modo, pero para que este “si pasa, pasa” que propone el intendente persista, como si fuera normal, una de las premisas es no informar al usuario acerca de las obligaciones de las empresas de colectivos en cuanto al cumplimiento de las frecuencias y la otra premisa, es no controlar, en esto sí el Ejecutivo se saca un 10.

Todo este combo de irregularidades desemboca en: funcionarios que parecen preocupados por sostener el sistema atento las enormes dificultades económicas, un intendente que seguirá hablando del laburante y un estudio de costos poco serio.

La estafa es un delito patrimonial en el que se emplea un engaño para provocar un error en la víctima que le lleva a realizar un acto de disposición patrimonial en perjuicio de sí mismo o de un tercero. Consumar un aumento de boleto con datos engañosos es configurar el delito de estafa. Hasta la semana pasada era en grado de tentativa. Veremos que dicen quienes nos representan. No parece haber ambiente de festejo entre usuarios y usuarias.

(Gentileza: Roberto Latino Rodríguez)