A través de un comunicado sostienen:"En estos últimos años vimos avanzar -producto de la pandemia y luego de la situación económica y social- la venta en espacios públicos como plazas o veredas de calles y avenidas, en puestos fijos por “supuestos vendedores ambulantes”.

Y agregan, "debemos diferenciar la economía social, feriantes y artesanos, con vendedores que “sin ambular” ocupan un espacio público en beneficio propio, mientras cientos de comerciantes de la ciudad se encuentran en una situación cada vez más preocupante e incierta. Y deben ver además, esta proliferación del comercio desleal, que, por el origen y tipos de productos, distan mucho de una economía social o artesanía".

"La UCIP viene desde hace años solicitando la intervención del estado para ordenar esta ocupación del espacio público, y que lo público sea público y la actividad privada se instale en espacio privados. No obstante, ya hasta crecen conflictos entre los mismos vendedores ambulantes por el uso del espacio público", indican luego.

"Quedamos perplejos, ya no solo por la naturalización de las situaciones de ocupación de espacios públicos, sino también que cuando el estado interviene se lo tilde de “hostigamiento” por el solo cumplimiento de su función", sostienen.

"Muchos comerciantes de cercanía con la Plaza Rocha, como los centros comerciales San Juan y Microcentro, vienen desde años reclamando la situación de este espacio tomado para la comercialización de productos que compiten con similares productos a los ofrecidos por comerciantes que pagan alquiler, impuestos, sueldos, cargas sociales, aportes sindicales, en infinidad de conceptos para quienes están instalados en locales comerciales privados llegando hasta derechos superpuestos por la musicalización como son SADAIC, AADI, CAPIF, etc", remarcan por último.

"También quienes ven achicadas las aceras o zonas peatonales, con puestos improvisados pero permanentes y reiterados diariamente, y productos industriales o hasta importados -como la venta de alimentos o anteojos- en muchos casos infringen también varias leyes de salud, impositivas y hasta aduaneras", concluyen.