Este lunes, un grupo de afiliadas de la obra social Unión Personal realizaron un reclamo por la falta de respuestas, aprobaciones para distintas atenciones y la falta de pago a prestaciones, en el marco de un conflicto por sus coberturas y autorizaciones en áreas de discapacidad.
Silvina Liberatore, una de las madres, explicó a Cazador de Noticias que “estamos reclamando hoy en representación de muchos afiliados. Cada uno tiene distintos casos durante todo el año, todos con Unión Personal. Nuestras situaciones son constantes .Esto tiene que ver con la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. Puntualmente en lo que es acompañamiento terapéutico es un problema de todos los días. Todo el papeleo se hace con un año de anticipación pero estamos en abril y las cosas no están aprobadas. Cuánto tiempo más hay que esperar nos preguntamos todas”.
En tanto que otra de las madres, Ariana Ramón, añadió: “Nosotros presentamos todo en diciembre pero en enero nos agarró la feria judicial porque la mayoría ya tenemos todos los casos judicializados. Entonces así se sigue estirando porque en febrero volvemos a iniciarlos por amparo, pasa marzo y seguimos en abril. A este ritmo llegamos a junio sin resolver nada. Tenemos el caso de un nene que todavía no pudo arrancar la escuela, siendo que las clases comenzaron el 1 de marzo. Mientras tanto nosotros seguimos pagando la cobertura”.
Por su parte, Marion Díaz, kinesióloga, refirió que “muchas terapias no están autorizadas. No sabemos si las prestaciones van a ser cubiertas o si serán retroactivas. Por otro lado, las que ya venían haciéndose, fueron recortadas. Pacientes con amparo a los que se les negó la prestación, siendo que ya estaban cubiertos. Por eso venimos a apoyar este reclamo de las mamás que es reflejo de lo mal que están funcionando las obras sociales, la poca regulación que hay y cómo se vulneran los derechos de estas familias y de nosotros como trabajadores. Ya no sabemos qué más hacer. No hay sanciones cuando ellos no cumplen. Esta forma de manejarse es una agresión total para los padres y los prestadores”.