Los concejales que responden al intendente Guillermo Montenegro archivaron en tiempo récord un expediente en la Comisión de Seguridad que buscaba conocer detalles de una denuncia penal contra el intendente por el uso de recursos públicos para pagar custodia policial en su vivienda.

La denuncia la realizó un ciudadano particular en la Fiscalía General el 4 de abril último. Allí planteó que el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro tiene una garita policial de custodia frente a su vivienda, que habría tramitado ante la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.

“No entendemos por qué el intendente está tan preocupado porque esto no se sepa. No sabemos qué quiere ocultar el oficialismo al no brindar información sobre la garita policial que tiene el intendente en la puerta de su casa”, planteó el concejal de UP, Diego García.

Según consta en la denuncia, el pago a los efectivos policiales que cumplen con las tareas de custodia se haría con dinero de todos los bonaerenses.

Ante esta situación, los concejales de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes para saber si efectivamente el intendente tenía custodia policial, desde cuándo y por qué. A su vez, se preguntaba sobre el procedimiento administrativo para la instalación de dicha garita, la cantidad de personal afectado, condiciones de salubridad e higiene en la prestación del servicio y, por último, montos y origen de los fondos destinados al pago del servicio.

En su primer tratamiento en la Comisión de Seguridad los concejales de la Unión Cívica Radical y el PRO resolvieron el archivo del expediente sin pedir ningún tipo de informe. Según argumentaron, esa información no le corresponde tenerla al Concejo Deliberante, sino que es competencia del Poder Judicial.

Sin embargo, los concejales que responden al intendente sí reconocieron que el intendente tiene una garita de seguridad frente a su vivienda y justificaron que es por las “luchas contra el narcotráfico” que Montenegro dio durante su etapa como juez federal en la Ciudad de Buenos Aires.

No obstante se negaron a que la ciudadanía sepa desde cuándo y cuánto le costó a los contribuyentes la custodia al intendente.

Según la denuncia presentada ante la Fiscalía General, el intendente Montenegro podría estar violando la Ley de Policía Adicional que exige que, en el caso de que se quiera tener un servicio de seguridad por parte de la Policía provincial, se debe solicitar a través de un expediente en el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

A su vez, esa normativa establece que este tipo de servicios serán costeados por la persona que lo solicita, a través de un pago mensual por el servicio.

Según el denunciante, el servicio que tiene el intendente en la puerta de su casa no se realizó de esta forma y estimó que la deuda que tendría el jefe comunal por los cuatro años y cuatro meses de custodia supera los 93 millones de pesos, calculado en base al valor mínimo de la hora de Policía Adicional.

La denuncia pide que se investigue a Montenegro por los delitos de “abuso de autoridad y violación de deberes de un funcionario público”, por ordenar la instalación de la garita incumpliendo el procedimiento que exige la ley, por “malversación de fondos públicos”, “corrupción” por acumular una deuda considerable e “incumplimiento de la Ley de Policía Adicional” a la cual deben atenerse todos los bonaerenses sin excepción.

A su vez, marca que la garita no cumple con las condiciones mínimas de higiene y seguridad; no cuenta con baño ni agua potable. Además, la Municipalidad, a través del EMSUR, habría realizado en varias ocasiones conexiones clandestinas de energía eléctrica, las cuales fueron interrumpidas por la empresa prestadora.