Las organizaciones piqueteras llevaron a cabo, este lunes en horas de la tarde, una conferencia de prensa de emergencia frente al Congreso, ante los allanamientos de locales (entre ellos el local principal del Polo Obrero) y domicilios de militantes ocurridos a lo largo de la jornada, “como parte de una campaña de persecución judicial y difamación mediática del gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich, que, en base a un puñado de denuncias anónimas, aduce una supuesta ´extorsión´ sobre beneficiarios de planes sociales para que asistan a movilizaciones, bajo la amenaza de pérdida de esa prestación”.

Eduardo “Chiquito” Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero, denunció algunas de las múltiples irregularidades de los allanamientos. En el caso del local central del Polo Obrero, lo primero que hicieron los allanadores fue apagar las cámaras de seguridad. “Quisieron hacerlo en la clandestinidad”, cuestionó. Algunos se hicieron antes de la salida del sol, lo cual está prohibido. Por otra parte, fue en contextos violentos, según denunciaron las abogadas presentes. Liliana Alaniz, de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), definió la causa abierta como un “mamarracho jurídico”. Frente a los ataques oficiales, Belliboni explicó que no son las organizaciones sino el Estado el único que puede dar bajas de planes, y de hecho lo hace sistemáticamente, como parte de su plan motosierra.

Belliboni inscribió los allanamientos dentro de una ofensiva represiva más general que incluyó el desalojo violento de las organizaciones en la avenida 9 de Julio, durante una protesta, y acusó al gobierno de querer “destruir la organización popular”. “Este gobierno ha ido más lejos que ninguno”, dijo, aludiendo a la supresión de la entrega de alimentos a los comedores populares.

“Charly” Fernández, del FOL, denunció que “muchos de los allanamientos fueron en barrios populares, en villas de emergencia”, y que hubo “frases xenófobas” contra compañeras. Resaltó el rol jugado por las compañeras que están al frente de los comedores, en especial durante la pandemia, mientras muchos funcionarios se iban a Miami, y dijo que “los delincuentes son los que se fugaron la plata (del país) y tendrían que estar presos por traición a la patria”, en referencia a que, mientras persigue a los que organizan la lucha contra el hambre, el gobierno promueve un blanqueo de capitales que favorece a los fugadores de dinero. Frente a la campaña de difamaciones, dijo que el gobierno no puede entender que “la gente se organiza de manera voluntaria por sus necesidades”, y pidió a los medios de comunicación derecho a réplica (LN+ lleva a cabo una furibunda campaña en base a las mentiras del gobierno).

El referente de la Utep sostuvo que los allanamientos son un ataque “a los que hacemos visible que este gobierno no vino a ajustar a la casta política sino a empobrecer al 80% de la población argentina”.

De la conferencia participaron el Frente de Lucha Piquetero (que incluye al Polo Obrero), la Utep, la Coordinadora por el Cambio Social y la CTA Autónoma, entre otras organizaciones. Acompañaron diputados nacionales como Romina Del Plá (PO-Frente de Izquierda), Christian Castillo (PTS-Frente de Izquierda), Juan Marino (Unión por la Patria), Néstor Pitrola (diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires, PO-Frente de Izquierda), y Guillermo Kane (diputado provincial bonaerense del PO-Frente de Izquierda); y referentes de organizaciones sindicales como Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma), Ileana Celotto (AGD-UBA), Amanda Martín (Ademys) y referentes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Enviaron adhesiones el Sutna, la Junta Interna del Hospital Garrahan, y otros.