En la semana de Ni Una Menos y con cifras de femicidios que aumentan, el Gobierno decidió disolver la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, el área a la que había quedado reducido el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, y que debe encargarse de llevar adelante políticas integrales para prevenir y también asistir a víctimas y familiares. Hace dos semanas, la Subsecretaría había pasado de Capital Humano a la cartera de Justicia, donde serían absorbidas algunas de sus funciones. Este jueves, se conoció la renuncia “indeclinable” de Claudia Barcia, quien estaba al frente de la Subsecretaría desde febrero. En el texto, alega que tomó la decisión de dejar el cargo luego de que el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, le comunicara por WhatsApp a las 19.57 del miércoles que la Subsecretaría “dejará de existir”. A última hora, el Ministerio de Justicia confirmó la medida. Desde organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres y diversidades denunciaron la gravedad de la medida.

La decisión significa un retroceso enorme. A pesar de que el área estaba debilitada, significaba la única institucionalidad en el Ejecutivo para combatir la violencia de género. El Gobierno está obligado a tener un área específica, de acuerdo con la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, sancionada por el Congreso en 2009. El mensaje es claro: al Gobierno no le importa que casi cada día asesinen a una mujer o diversidad por serlo, en la mayoría de los casos, como muestran las estadísticas oficiales, a manos de la pareja o expareja.

“Me dirijo a Uds. a fin de hacerles saber que en el día de ayer he recibido un llamado de whatsapp a las 19:57 hs. por parte del secretario de Derechos Humanos Alberto Baños mediante el cual me comunicó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que se encuentra bajo la órbita jerárquica de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia conforme los decretos n° 450 y 451/24, dejará de existir. En ese sentido, presento mi renuncia indeclinable a partir del día de la fecha”, dice el texto de la renuncia.

Barcia, una funcionaria que se caracterizó por no hacer ninguna declaración pública ni dar entrevistas desde que llegó al cargo hace cinco meses desde la fiscalía especializada en Violencia de Género de CABA, donde se desempeñaba, ya no fue a su oficina este jueves ni se despidió de las trabajadoras.

Frente a esta situación, las 650 trabajadoras que quedan en el área se encuentran en estado de asamblea ante la incertidumbre sobre su futuro. Algunas pasarían a la Secretaría de Derechos Humanos y otras a la de Justicia, pero no se descarta que un porcentaje importante sea despedido, como parte del nuevo recorte de empleadxs públicos anunciado por el presidente Javier Milei para la mitad del año. Este mediodía realizaron una radio abierta frente a una de las sedes de la Subsecretaría, en Paseo Colón 181. Según contaron, les informaron que los despidos llegarían al 80 por ciento de la planta del exMinisterio de MGyD.

“A pocas horas de la manifestación Ni Una Menos, el Gobierno aplica su pedagogía del castigo y amenaza con unos 400 despidos además de disolver la subsecretaría. Vamos a seguir organizadxs y en total solidaridad con la organización sindical del sector, apoyando todas las medidas y acudiendo a instancias internacionales para denunciar la situación si hiciera falta", dijo a Página 12, Luci Cavallero, del colectivo Ni Una Menos.

De esta forma, quedarían alrededor de 150 trabajadorxs vinculadas al área. “Es muy impactante comprobar cómo pueden sentir orgullo de pisotear el trabajo y la legitimación de una agenda construida de manera colectiva y que trasciende las gestiones políticas. Muestra ignorancia de las obligaciones jurídicas del Estado a nivel nacional —el artículo 8 de la ley 26.485 establece la creación de una autoridad competente para aplicar la ley y el impulso de políticas públicas— y de las obligaciones internacionales. Tendrán que rendir cuentas sobre esto”, advirtió a este diario la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

Tal como informó este diario, en seis meses de gestión el Gobierno de Milei, desfinanció, desarticuló y generó un vaciamiento de las políticas orientadas a prevenir, atender y proteger a mujeres y diversidades en situación de violencia. El presupuesto vigente que tenía la Subsecretaría (disponible para todo el año) en términos reales ya era un 62% más bajo que el de 2023, de acuerdo con un relevamiento de ELA y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

La disolución de la Subsecretaría implica “un desprecio por lo público brutal y nosotras necesitamos de manera imperiosa el Estado para proteger, acompañar, asistir a las víctimas de violencia de género y reducir brechas de desigualdad”, señaló en diálogo con este diario Estela Díaz, a cargo del único Ministerio de Mujeres y Diversidades que queda en el país, desde diciembre. Además de Nación, cuatro gobiernos provinciales —Santa Fe, Córdoba, Chubut y Santa Cruz— que en los mandatos anteriores habían jerarquizado sus áreas de género con la creación de ministerios dieron marcha atrás, siguiendo el camino de la motosierra de Milei y las redujeron a secretarías o subsecretarías. Estas medidas marcan que las decisiones del Gobierno —primero vaciando y desarticulando políticas de prevención y asistencia a víctimas y ahora eliminando la Subsecretaría— sin dudas impactarán en las provincias, con un retroceso en políticas integrales para proteger a las mujeres y diversidad de la violencia de machista y atacar sus causas estructurales, sostenidas en la desigualdad de género.

“Acá hay una planificación para profundizar la desigualdad y el desamparo. Es muy grave y tiene costos en vidas. Y significa una falta de respeto a nuestro marco normativo y a las obligaciones que tiene el Gobierno Nacional para con el país entero. En la provincia de Buenos Aires, seguiremos, tal cual manifiesta siempre nuestro gobernador Axel Kicillof con Estado presente, profundizando el camino de construir el Ministerio, y de transversalizar la perspectiva de género”, agregó Díaz.

“Es muy grave la desaparición de la Subsecretaría. Aunque ya estaba debilitada, y con presupuesto reducido, están dejando en banda a las mujeres, niñas y diversidades que sufren violencia de género. ¿Qué va a pasar con la Línea 144, que es fundamental para la prevención? ¿Qué pasará con el Registro Único de casos que permite analizar la magnitud del problema para intervenir? ¿Y con el Programa Acompañar? Están desmembrando sus funciones. Van a decir que cumplen con los compromisos que tiene el país en el tema pero estarán a cargo de gente que no está especializada. Es un retroceso muy grande”, consideró la médica epidemióloga Mabel Bianco, titular de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). Bianco tenía una reunión con Barcia agendada desde el lunes para conversar sobre el W20 (Women20) una red transnacional que reúne a mujeres líderes de la sociedad civil, negocios, emprendimientos y thinktanks. Pero el encuentro fue pospuesto desde la Subsecretaría día a día hasta que fue cancelado.

La diputada justicialista Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara baja, acompañó a las trabajadoras frente al edificio donde funcionaba la Subsecretaría. “El gobierno de Milei sumó un nuevo eslabón a la larga cadena de actos contra las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Promueve discursos de odio, habilita la violencia y niega la desigualdad por motivos de género”, dijo la legisladora. Y advirtió que la disolución del área “no es solo un problema en materia de política pública sino también un mensaje hacia la sociedad: la violencia contra las mujeres no importa”.