Dirigentes gremiales, diputados, legisladoras porteñas, directivos de universidades nacionales, referentes de derechos humanos, de organizaciones sociales y de la Iglesia Católica exigieron la libertad inmediata de las 33 personas detenidas durante el mega operativo desplegado por el Gobierno Nacional durante el tratamiento de la Ley Bases en las inmediaciones del Congreso. Las y los dirigentes de todos los colores políticos denunciaron la represión “ilegal y arbitraria” y que les detenides sufrieron tratos inhumanos, degradantes y humillantes. La lectura en unanimidad es la complicidad y connivencia entre la responsable del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich -en representación del Ejecutivo-, y el fiscal Carlos Stornelli para imputarles el delito de “terrorismo” y “sedición”. Llamaron a acciones a nivel nacional e internacional.

Los organismos y referentes están en alerta ante la intimidación que pretende instalar el Gobierno contra la protesta social a través de las prácticas represivas del Estado, que principalmente se vieron durante el debate de la mentada ley del Ejecutivo nacional, que busca desguazar al Estado y quitar derechos para trabajadoras y trabajadores. “Es importante derribar la causa porque puede ser el principio del intento de instalar en Argentina el estado de excepción”, alertó el diputado nacional por el Unión por la Patria (UP), Leopoldo Moreau, durante la conferencia de prensa que se llevó adelante esta tarde en la sede porteña del Servicio Paz y Justicia (Serpaj).

Durante la represión, que avanzó sobre quienes se movilizaban desde el Congreso hasta la 9 de Julio -unas cinco cuadras a la redonda-, también fueron atacados diputados nacionales que acompañaban la manifestación, así como estudiantes, vendedores ambulantes que no se estaban manifestando, músicos, integrantes de cooperativas y personas que se estaban desconcentrando de manera pacífica.