Un informe desmintió al presidente Javier Milei, quien justificó su veto a la ley de movilidad jubilatoria con el argumento de que los haberes “recuperaron poder adquisitivo en dólares”, y señaló que no solo su poder de compra se desplomó durante el primer trimestre del año, sino que el bono de $70.000 está congelado desde marzo.

El estudio del Centro de Economía Política (CEPA) analizó la política previsional del Gobierno y sostuvo que “el veto presidencial ratifica el sentido de las decisiones adoptadas por el Presidente desde su asunción: que las y los jubilados sean quienes sostienen el superávit fiscal”.

El DNU 274/2024 del 25 de marzo pasado derogó la fórmula de movilidad del gobierno de Alberto Fernández, tras un primer trimestre que el CEPA calificó de “extremadamente adverso” para los jubilados y pensionados ya que los haberes “no pudieron seguirle el ritmo a los precios” por el “atraso” trimestral de la fórmula anterior.

“En enero 2024 percibieron entre 14,7% y 20,1% menos en términos reales que en noviembre de 2023 (según sea la mínima con bono o por encima de la mínima). En febrero de 2024 cobraron entre 24,7% y 29,5% menos que en noviembre de 2023. En marzo, los haberes se ubicaron entre 13,7% y 19,2% por debajo de noviembre 2023”, detalló.

El informe destacó que uno de los argumentos del Presidente para vetar la ley de movilidad jubilatoria es que “desde que nosotros llegamos al poder las jubilaciones están 5% arriba, es decir que le ganaron a la inflación”. “Esto no es cierto. Las jubilaciones no han ganado poder adquisitivo”, afirmó el CEPA.

“La comparación que realiza Milei tiene una trampa que el presidente oculta: compara un mes que es el último previo a la actualización de movilidad trimestral (noviembre 2023) contra un mes que tenía incorporada la actualización (agosto o septiembre de 2024)”, explicó.

“Si, en cambio, se calcula como corresponde, es decir, de manera trimestral, el resultado da cuenta no solo de la fuerte caída apenas asumido Milei sino también del recorte que se mantiene aún hoy para las jubilaciones sin bono (y que no se va a recuperar nunca dada la fórmula actual, que solo mantiene poder adquisitivo) y aún peor para las jubilaciones que perciben el bono”, sostuvo.

En concreto, el informe señaló que “las jubilaciones sin bono en el trimestre septiembre-noviembre de 2024 se mantendrán 4,6% por debajo del mismo trimestre de 2023, mientras que las jubilaciones con bono lo harían 13,6% por debajo”. Esta situación no fue atenuada por una política de compensación de ingresos.

“La decisión fue licuar los haberes y así alcanzar el superávit fiscal: en los tres primeros meses de 2024, las jubilaciones explicaron entre 32,9% y 37,0% del ajuste total. (...) Los jubilados se mantienen en el primer lugar de quienes sostuvieron las cuentas fiscales con sus recortes, explicando, entre enero y julio, el 27,7% del total del superávit”, afirmó el CEPA.

El informe también remarcó que “el bono compensatorio que recibía el 70% de los jubilados fue congelado en $70.000” y mantiene ese valor desde marzo, “licuando mes a mes su capacidad de compra”. “Quienes cobran la mínima aún no recuperaron el poder adquisitivo de noviembre, sino que en septiembre 2024 se ubican aún 2,6 puntos por debajo y 20,3% por debajo del mismo período de 2023”, añadió.

“Mientras que los haberes se incrementaron entre marzo y septiembre 74,3%, la mínima, con bono incluido, solo aumentó 48,9%. De haberse actualizado en la misma proporción, el bono debiera ser en septiembre de $122.010, es decir, $52.010 más de lo actual”, aseguró el CEPA.