El Gobierno Nacional oficializó la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva, que protegerá a petroleras, cerealeras y mineras, entre otras, de bloqueos y piquetes.

La medida fue oficializada por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, publicada en el Boletín Oficial por la Resolución Nº 893/2024, y no es ni más ni menos que un protocolo del Protocolo Antipiquete.

Entre los fundamentos de la resolución, se explica que, “se han originado graves hechos de violencia, bloqueos e impedimento por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente la producción en zonas portuarias Bahía Blanca, San Lorenzo-Timbúes, zonas de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta o zonas mineras, o parques industriales, hechos que concretamente incidieron en un peligro colectivo a la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes y de las empresas o libre circulación de los trabajadores, como también de su actividad productiva”.

Por ahora se desconoce si el nuevo Comando necesitará de más personal de seguridad, aunque voceros oficiales indicaron que, “la idea es que participen efectivos principalmente de Gendarmería”, y admitieron que, “se abrirán canales de información con la Secretaria de Trabajo para que brinde detalles de los conflictos y estar atentos a los posibles bloqueos”.

Si bien en los últimos tiempos esa modalidad de protesta no está generalizada, hoy hay un foco de conflictividad en las puertas de las principales plantas del neumático (Fate, Bridgestone y Pirelli) por reclamos salariales y laborales que viene llevando adelante el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

La intervención del Comando Unificado de Seguridad Productiva podría generar también un cruce entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires, que es la que entiende en la disputa. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad plantean que atenderán los reclamos de los empresarios “de cualquier punto del país”.

No se reveló de cuánto sería la partida de fondos para la nueva repartición, aunque sí se indicó que, “el propósito es contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención de los delitos contra la propiedad, las personas y acciones delictivas que dañen los sectores productivos, mediante hechos o amenazas que pongan en riesgo la vigencia de los derechos y garantías constitucionales en el territorio nacional”.