Con 56 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención, el Senado convirtió en Ley el Financiamiento de la Universidad Pública.Desde la Oficina de Presupuesto del Congreso se estimó un impacto de 0,14% del PBI para este año, o el equivalente a $738.595 millones

Si bien el presidente Javier Milei prometió vetarla, los 56 votos positivos frente a solo 11 negativos dejan traslucir que, por lo menos en la Cámara Alta, el veto podría ser rechazado.

El proyecto fue presentado por la diputada Danya Tavela (Unión Cívica Radical) y lleva la firma de otros diputados y diputadas del radicalismo, como Facundo Manes, Martín Tetaz, Mariela Coletta, entre otros, y también de integrantes de Hacemos Coalición Federal, como Margarita Stolbizer y Nicolás Massot

La norma propone declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024, con el objetivo de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.

Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por el Gobierno de Javier Milei) según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El proyecto también modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.

Asimismo, encomienda al Poder Ejecutivo Nacional recomponer los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, a partir del 1º de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante dicho período.

Desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, el Ejecutivo deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC.

“Lo establecido acerca de la recomposición salarial no se aplicará si las paritarias a nivel general del sector docente y no docente para 2024 son acordadas y rubricadas por el Poder Ejecutivo nacional y las federaciones representantes de los trabajadores de la educación superior y las escuelas preuniversitarias”.

De acuerdo con los datos publicados por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), al contrastar la pauta salarial de un docente universitario con la inflación publicada por el INDEC, en agosto de 2024 la caída del poder de compra fue del 9,2% respecto de diciembre de 2023.

Por ejemplo, un auxiliar de primera con dedicación simple (9 horas semanales) y 10 años de antigüedad, en diciembre de 2023 percibía $132.035,51, y en agosto de 2024 cobró un salario bruto de $232.531,90.

Si la comparación se realiza sobre los sueldos de noviembre (antes de la inflación del 25,5% registrada en diciembre), la caída hasta agosto fue del 23,71%.