Dos jubilados solicitaron la inconstitucionalidad del decreto del Poder Ejecutivo que vetó la ley de movilidad jubilatoria. Adelantaron que llegarán hasta la Corte Suprema, en caso de ser necesario.

Los jubilados se presentaron ante la justicia con el patrocinio de los abogados Andrés Gil Domínguez y Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad.

R.R. y M.L.G., ambos jubilados, interpusieron una acción para que se declare inconstitucional el Decreto 782/24, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional vetó la Ley 27.756, que disponía modificaciones al régimen previsional favorables a los jubilados.

En la presentación, los letrados denunciaron la “gravedad institucional” y se reservaron el derecho de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.