Tras el paro del pasado lunes, los trabajadores que ofrecen prestaciones a personas con discapacidad volvieron a manifestarse, este viernes ante la sede local de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), ubicada en 25 de Mayo y Catamarca, como parte de un reclamo que se replica en distintas ciudades contra la desactualización de sus honorarios y la “burocratización” que sufren al intentar cobrar lo trabajado.

En ese contexto, Cazador de Noticias dialogó con Marion Díaz, una de las integrantes del colectivo “Prestadores Unidos MDP”, quien se refirió acerca de la situación de los trabajadores del sector, que nuclea tanto a acompañantes terapéuticos, estimuladores visuales, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicopedagogos, psicólogos, musicoterapeutas y terapistas ocupacionales, entre otros.

“Estamos peleando desde el 2022 a partir de un corte en la cadena de pagos, esta realidad atraviesa todos los gobiernos y en el gobierno de turno, las personas con discapacidad y en nuestro caso los prestadores de discapacidad no somos tenidos en cuenta a la hora de establecer mejores condiciones laborales ni de mejores prestaciones para las personas con discapacidad, se siguen vulnerando derechos, lo que, también, pasa es que a nivel económico la situación es grave y eso nos repercute de forma directa, tenemos aumentos que son paupérrimos y estamos un 150% en retraso en relación a los aumentos inflacionarios del año pasado”, explicó.

Acto seguido, agregó: “El último aumento, de mayo al día de hoy, el total por sesión que se nos aumento es de $ 1000. ¿Qué hacemos con $ 1000? No existe y aparte nosotros con suerte lo que facturemos este mes, que todavía no salió en el boletín oficial, lo vamos a cobrar en el 2025”.

Asimismo, comentó que “además de prestaciones que tienen que ver con la calidad de vida o la dinámica cotidiana de los pacientes, también hay personas con discapacidad que tienen requerimientos para subsistir constantes, hay pacientes que requieren kinesiología respiratoria muchas veces dos veces por día, sobre todo, para prevenir complicaciones o porque lo necesitan para seguir viviendo y eso no está contemplado en general, incluso al ser prestaciones que tienen mucha frecuencia, se pagan aún menos de lo que establece el nomenclador y uno no puede no puede interrumpir el tratamiento porque está poniendo en juego la vida de ese paciente. Hay toda una familia detrás que ya de por sí tiene muchísimas complicaciones y mucha angustia por lo que sucede con su familiar y nosotros estamos en esa encrucijada, donde colaboramos para que ese paciente tenga calidad de vida pero, por otro lado, también tenemos que pagar nuestros impuestos y comer”.