La sala I de la Cámara Federal confirmó el procesamiento del exministro de Salud, Ginés González García, y otros exfuncionarios por el escándalo del “Vacunatorio VIP”. El tribunal también ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti profundizar la investigación sobre los individuos que recibieron las dosis de manera privilegiada durante la pandemia. Entre los nombres destacados se encuentran el ex procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el diputado Eduardo Valdés y el periodista Horacio Verbitsky.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens enfatizaron en su fallo que las vacunas, reservadas para un grupo selecto, se distribuyeron según vínculos familiares y amistosos, desviando la voluntad estatal hacia fines privados.

El fallo judicial sostuvo que la distribución de las vacunas a un grupo selecto de personas, sin respetar el orden jerárquico ni el protocolo establecido, representó una distorsión de la ley. Las autoridades sanitarias debían priorizar a los grupos vulnerables, pero algunas dosis se administraron a individuos en sus hogares o en un vacunatorio exclusivo, según el fallo.

El tribunal redujo los embargos sobre González García de 130 millones a 20 millones y desprocesó a María Elena Borda, jefa de medicina preventiva del Hospital Posadas. Se instruyó a Capuchetti a investigar a fondo a los beneficiados por esta acción indebida.

La investigación surgió luego de que, en febrero del 2021, se trasladara al Ministerio de Salud un equipo de vacunación del Hospital Posadas, con diez dosis de la vacuna contra el Covid asignadas a ese establecimiento, y se vacunara indebidamente a Horacio Verbitsky, Jorge Enrique Taiana, Eduardo Félix Valdés, Florencio Aldrey, Dolores Noya Aldrey, Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Salomón Schachter, Seza Manukian y Félix Eulogio Guille.

El listado de vacunados VIP incluía a figuras como el presidente Alberto Fernández, el exgobernador Eduardo Duhalde y el ministro de Economía Martín Guzmán, entre otros. Inicialmente, la jueza Capuchetti archivó el caso, considerando que no había un delito penal claro, pero la Cámara Federal ordenó reabrir la investigación. A pesar de las apelaciones, el procesamiento de los involucrados sigue en pie.

“Por esa razón, las dosis asignadas al Hospital Posadas no podían ser utilizadas para vacunar a la población en general, sino exclusivamente para el personal de salud y, en casos excepcionales, para el personal estratégico cuya labor era fundamental. Las vacunas distribuidas a centros nacionales, como el Hospital Posadas, estaban disponibles y asignadas para un número limitado de categorías que formaban parte del orden de priorización establecido, de acuerdo con las necesidades del Estado”, se informó.

“Esto implica que las dosis asignadas a los centros nacionales estaban destinadas a vacunar al personal de salud y, en casos excepcionales, al personal estratégico, excluyendo cualquier otra categoría”, detalló el fallo.

Además, afirmó que los legisladores Taiana y Valdés no se enmarcaban bajo la categoría de “personal estratégico”, ya que al momento de los hechos el Poder Legislativo Nacional “sesionaba de forma remota”.