En diálogo con el programa Propuesta Joven por la FM 90.5, Leonardo Palacios, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata consideró que la postura del intendente Guillermo Montenegro, quien tras el caso de un adolescente de 14 años, con más de 40 delitos, pidió bajar la edad de imputabilidad, “no deja de ser un poquito de petardismo o populismo penal” y marcó la contradicciones del jefe comunal “cuando se le señalan los problemas de seguridad enseguida dice que son jurisdicción de la Provincia, ese es el argumento que tiene, pero la ley de inimputabilidad es de Nación, no tiene nada que decir el intendente con respecto a ese tema si no va a tomar medidas generales con respecto a la seguridad porque es un ámbito provincial, no se entiende por qué se mete en un ámbito que aún es de la jurisdicción nacional y sobre el cual él no tiene ninguna posibilidad de acción”.

Asimismo cuestionó: “¿Cuantas personas menores de 16 años en Mar del Plata cometen delitos? No tenemos ese número, no lo sabemos y el Municipio tampoco lo tiene, entonces tampoco se entiende por qué estamos hablando de cosas que no tienen fundamento para decirlas".

Con respecto al debate sobre la imputabilidad de menores, recalcó que “los datos de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, es decir de la Jefatura de los fiscales que llevan las acciones penales en la provincia que más delitos y más detenciones tiene en el país, indican que en el 2009 el delito de personas menores de edad era del 4% y en 2023 fue del 2%. Entonces, estamos discutiendo una solución para un problema que se viene reduciendo, es inexplicable”.

Por otra parte, explicó que “actualmente el sistema de imputabilidad de menores es a partir de los 16 años, entre los 16 y los 18 años las personas pueden estar en un proceso penal donde obviamente se los tiene como imputados con una serie de garantías y de limitaciones porque es para delitos que sean de determinadas penas en adelante con un reducción a su vez de las penas, etc. O sea que es un régimen realmente especial y está cuestionado en la Argentina porque es una ley de la Dictadura que nunca fue reformada”.

Respecto a los derechos de niños y niñas y adolescentes - prosiguió -, "los organismos internacionales le han advertido a la Argentina que esa ley no responde al nuevo paradigma y la Corte Suprema argentina en numerosos fallos también le ha indicado al Congreso que debe adecuarla al marco internacional pero el Congreso no lo ha hecho y, lamentablemente, las veces que se discute la cuestión es sólo por la baja en la edad de imputabilidad, no para dar un marco de protección. Digo lamentablemente porque hubo un anteproyecto que se trató en el 2017, durante la gestión del PRO, que no llegó a aprobarse y el de ahora es peor aún que el que se proponía en el 2017, que ya era regresivo, porque propone una baja en la edad de imputabilidad a partir de los 13 años”.

“En ese cambio de paradigma que se da en todo el mundo en 1989 con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a la cual Argentina no sólo adhiere sino que además en 1994 la lleva a jerarquía constitucional, y se dictó una serie de normativas donde es el Poder Ejecutivo el que se tiene que hacer cargo de aquellas personas menores de edad que están en situación de vulnerabilidad y por eso los menores de 16 años, aunque tengan un conflicto con la ley penal, deben estar a cargo de los servicios de protección que son provinciales y municipales. Es un sistema que se empezó a implementar, a partir del 2005 o 2006, con el dictado de la ley de protección de niños, niñas y adolescentes en la provincia de Buenos Aires , que además reformó dejó de lado los viejos juzgados de menores y se creó el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, donde van a intervenir las personas que tengan entre 16 y 18 años como imputados, los menores de 16 años quedan a cargo de poderes ejecutivos y para poder tener una tutela judicial ahí intervendrá el Juzgado de Familia pero lo sacamos del ámbito penal porque es otra lógica”, concluyó.