El jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, compró a través de sociedades del exterior tres inmuebles en Estados Unidos por más de 2 millones de dólares que nunca consignó –ni las sociedades, ni los inmuebles– en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) , según surge de documentos contables, societarios y bancarios que analizaron LA NACION y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).

El funcionario designado en octubre para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria administra dos de esas propiedades –la tercera la vendió–, mediante un entramado de empresas en las que tiene participación accionaria desde hace 12 años. Esas compañías, de acuerdo a la documentación disponible, continúan activas. Abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que es controlante de otras dos compañías constituidas en Panamá, que a su vez sirvieron de vehículo para adquirir la propiedad de los inmuebles ubicados en Miami. Si se hubiera desprendido de esos activos no está consignado en ninguno de los registros oficiales donde debería figurar.

No es la primera vez que se relaciona a Vázquez con operaciones en paraísos fiscales. En 2011, afrontó una denuncia porque desde noviembre de 2004 habría controlado junto a su hermana Silvia Mónica Vázquez una cuenta bancaria en el ING Bank NV de la isla de Curazao por US$442.113, fondos que habría remitido en julio de 2006 a una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo. En aquella ocasión, Vázquez no lo informó ante el fisco argentino y debió sobrellevar una investigación penal, en la que logró ser sobreseído en 2022 porque el juez federal Ariel Lijo no obtuvo respuesta de Luxemburgo, Países Bajos o Curazao para verificar la existencia de esas cuentas. Ante esa imposibilidad, Lijo cerró la pesquisa.

Los funcionarios del nivel de Vázquez están obligados por la Ley de Ética Pública, vigente desde 1999, a presentar ante la OA una declaración jurada que detalle todos sus bienes inmuebles y muebles y participaciones accionarias (incluidos los de su cónyuge). Ese reporte hay que actualizarlo cada año y es de acceso público. No informar parte del patrimonio puede configurar el delito de "omisión maliciosa", establecido en el artículo 268 del Código Penal, con penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También puede derivar en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, si el funcionario no logra justificar el origen lícito de sus bienes.

Durante las últimas dos décadas, numerosos funcionarios afrontaron problemas judiciales por la presunta omisión maliciosa de bienes. Desde el expresidente Carlos Menem y el exrector de la UBA, Oscar Shuberoff –ambos fueron procesados, pero con los años terminaron beneficiados por la prescripción de la acción–, a Pablo Alejandro Brula, un exfuncionario de la AFIP acusado de ocultar su participación accionaria en una sociedad offshore detectada en los Pandora Papers. La Corte Suprema rechazó su recurso de queja y dejó firme su procesamiento, en septiembre pasado.

Vázquez también declaró tres sociedades en la Argentina: Más Más SA, DVQP Sport SA y Consultora San Andrés SA. En esta última figura como vicepresidente la misma hermana con la que controló las cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo­. En ninguna de las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción aludió directa o indirectamente a las sociedades en el Caribe ni a las propiedades en Estados Unidos.