El Tribunal Nacional de Ética (TNE) de la Unión Cívica Radical (UCR) resolvió este miércoles la expulsión de los diputados nacionales Mariano Campero, Martín Alfredo Arjol y Luis Albino Picat del partido, por haber cometido conductas que “lesionaron gravemente la dignidad del partido”.

Esta decisión se toma luego de un proceso disciplinario iniciado en septiembre, tras la suspensión preventiva de los tres legisladores.

El fallo, adoptado por mayoría, se fundamenta en las actitudes de los diputados, especialmente su apoyo a los decretos impulsados por el presidente Javier Milei, lo cual contravino las posturas oficiales de la UCR, especialmente en el Congreso. En particular, el tribunal reprochó su participación en una reunión con Milei y otros funcionarios en la Casa Rosada el 10 de septiembre, un día antes de la sesión en la que se rechazó un veto presidencial a un proyecto de ley respaldado por el bloque radical.

El encuentro, que incluyó fotos oficiales y una “selfie” festiva, fue considerado como un intento de generar “alto impacto en la opinión pública”. Según el Tribunal, la conducta de los diputados afectó la unidad ideológica y política del partido, sobre todo al modificar su postura en votaciones clave como la de la Ley de Movilidad Previsional y Seguridad Social.

El fallo, firmado por Alicia Tate y Juan Pedro Tunessi, se sustentó en los artículos 13 y 14 del reglamento del TNE, así como en el artículo 53 de la Carta Orgánica Partidaria (COP). El tribunal subrayó que los actos de los legisladores contravinieron los principios éticos de la UCR y dañaron la reputación del partido ante la ciudadanía.

Por su parte, Ricardo Barrios Arrechea, quien votó en minoría, consideró que la expulsión era una sanción excesiva y propuso una suspensión temporal, argumentando que podría debilitar internamente al partido en un contexto político complejo.

Con esta resolución, la UCR busca enviar un mensaje de firmeza frente a lo que considera actos contrarios a sus valores históricos y su compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad, en línea con la defensa de políticas como la movilidad jubilatoria y el financiamiento universitario.

Los diputados sancionados tienen la posibilidad de recurrir la medida ante instancias externas, aunque su futuro político dentro del partido parece quedar definitivamente cerrado.