La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, rechazó eximir de prisión al senador recientemente destituido de su cargo Edgardo Kueider, en la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito por un presunto cobro de sobornos por parte de la empresa de seguridad privada Securitas para adjudicarse contratos con la empresa estatal de energía de Entre Ríos, su provincia, ENERSA.

La magistrada no aceptó el planteo de la defensa de Kueider para que se le garantice la libertad si es extraditado a la Argentina desde Paraguay junto a su secretaria Iara Costa, informaron fuentes judiciales. Ambos están con arresto domiciliario en el país vecino por el intento de contrabando de 211.000 dólares desde la ciudad brasileña de Foz y Arroyo Salgado envió un exhorto pidiendo la extradición para indagarlos en la causa que tramita en su juzgado.

Arroyo Salgado rechazó los pedidos del nuevo abogado de Kueider, Juan Martín Cerolini y ahora el tema podría ser apelado ante la Cámara Federal de San Martín. En la resolución, Arroyo Salgado argumentó que hay “peligro de entorpecimiento” de la investigación y, si Kueider o su secretaria recuperan la libertad, “podrían destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba de esta pesquisa”.

“Media en autos un peligro cierto y no aparente de que ,en caso de conceder la exención de prisión solicitada, Kueider y su secretaria podrían entorpecer la investigación en desarrollo”, indicó.

La última semana se había ordenado un nuevo allanamiento en la casa de Concordia, como también en la clínica de kinesiología de su ex esposa y otras dos propiedades en la misma localidad entrerriana. El procedimiento ocurrió un día después de que se inspeccionaran las oficinas que el entrerriano tenía en el Senado, ubicadas en el tercer piso del Palacio Legislativo y otras dos oficinas de asesores y personal administrativo en el Anexo, en Avenida Hipólito Yrigoyen 1710 de la Ciudad de Buenos Aires, también por orden de la jueza federal de San Isidro.

Arroyo Salgado investiga al entrerriano por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de dinero.