Continúan los problemas para los pasajeros de Flybondi, con cancelaciones de más de 70 vuelos entre Navidad y Año Nuevo, con un número aproximado de 13 mil personas afectadas. Esto derivó en largas filas en Aeroparque de viajeros preocupados por poder llegar a sus destinos en un momento álgido del calendario.

La empresa arrastra problemas desde hace tiempo, lo que llevó a la Secretaría de Transporte a intimarla a presentar un plan correctivo para mitigar las cancelaciones de vuelos que llegaron a 384 solo durante noviembre, más la amenaza de retirarle el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA), que autoriza a la compañía a volar.

Por ahora no hubo una sanción económica ni quita de rutas, pero desde las autoridades miran de cerca las operaciones de Flybondi ante el elevado número de reclamos.

En octubre, en tanto, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) le labró tres actas por 23 vuelos cancelados y por lo menos otras tres por utilizar el taller de mantenimiento que tienen en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini mientras se encontraba suspendido.

La crisis operativa de la compañía incluye problemas graves, como incidentes de seguridad, irregularidades en sus talleres de mantenimiento, y un desorden significativo en el almacenamiento de materiales y herramientas. La Junta de Seguridad en el Transporte investiga varios eventos, como emergencias en vuelo y fallas en la gestión de aeronaves.

A pesar de haber presentado en el último tiempo un plan correctivo con refuerzos en su flota y repuestos, el Gobierno lo consideró insuficiente. Además, se cuestiona la falta de inversión en equipos para los servicios de rampa, pese a la reciente autorización para operar en este sector.

Desde su fundación en 2018, Flybondi ha sido objeto de controversias. Actualmente, cuenta con una flota de 17 aviones, opera en 19 rutas nacionales y tres internacionales, y pertenece a fondos de inversión como Cartesian y Yamasa. Sin embargo, la compañía enfrenta rumores de venta y dificultades para cumplir con las expectativas del mercado aerocomercial.

La incertidumbre se agrava de cara a las fiestas y la temporada alta, cuando miles de pasajeros dependen de sus servicios. “Hemos sido flexibles con ellos en el pasado, pero los resultados siguen siendo inaceptables”, concluyeron desde el Gobierno.

Solo en noviembre, de los 1991 vuelos operados, 384 sufrieron cancelaciones. Esto representa el 20% del total de las operaciones aéreas realizadas por la compañía. Además, se estima que más de 700 vuelos tuvieron que ser reprogramados.

“El mecanismo de labrado de actas, con la consecuente posibilidad de aplicar sanciones, había quedado sin aplicación desde el año 2020. Desde junio de este año, se ha retomado el proceso de las mismas por incumplimientos a todas líneas aéreas. El objetivo primario de estas sanciones es proteger a los pasajeros, aunque el propósito definitivo se verá reflejado cuando las empresas cumplan con sus servicios en tiempo y forma, bajando el promedio de infracciones que se realizan por mes”, expresaron desde la ANAC a fines de noviembre en un comunicado.

“La desregulación de los cielos y la política de Cielos Abiertos implementada por el Gobierno Nacional tiene como objetivo promover una mayor eficiencia en el sector aéreo, sin afectar el derecho de los pasajeros a recibir servicios de calidad, con el cumplimiento de los horarios y operaciones. El Gobierno Nacional no permitirá la prestación de servicios que perjudiquen a los usuarios”, señaló el organismo.