Organismos de derechos humanos de nuestra ciudad denunciaron un intento de cierre de los espacios de memoria por parte del Gobierno nacional y un vaciamiento de las políticas públicas, a la vez que este viernes a la tarde llevaron adelante un abrazo simbólico al Espacio de Memoria del Faro de Mar del Plata, ante lo que podría ser su virtual cierre si se concretan las desvinculaciones a las que fueron llevados sus trabajadores.

El reclamo por la preservación de la memoria histórica tomó mayor relevancia durante las últimas horas al conocerse los recortes en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y el despido de toda su planta de trabajadores.

El vaciamiento del Estado a través del desfinanciamiento y los despidos impulsados por el gobierno de Javier Milei afecta directamente a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, donde hace meses sus trabajadores se encuentran sumergidos en una incertidumbre que se potenció en los últimos meses y de cara a fin de año ante el cese de los distintos tipos de contrataciones y las desvinculaciones.

En un comunicado difundido en la previa del abrazo simbólico, advirtieron que a nivel nacional son un total de 2.400 las contrataciones de Acara que cesarán el 31 de diciembre. Mientras tanto, en paralelo, quienes están contratados por el Artículo 9 no solo sufren la inestabilidad de sus renovaciones trimestrales de contratos sino también los exámenes de “idoneidad” impulsados por el gobierno.

“No queda nadie en la Secretaría de Derechos Humanos, la amenaza del cierre dejó de ser una amenaza. Es un ataque brutal a nuestras conquistas como pueblo relativas a los derechos humanos. Los Sitios de Memoria son prueba judicial en los juicios de lesa humanidad y están bajo tutela de jueces. Fueron recuperados por el pueblo. Por ellos pasan miles de estudiantes a hacer visitas guiadas, miles que vienen a hacer presentaciones de libros, actividades sociales y culturales, donde se investiga y se preserva el acervo patrimonial. Todas esas tareas hoy ya no van a realizarse. No podemos permitirlo”, plantearon.

Por su parte, en un comunicado difundido en las últimas horas por más de 50 organizaciones de víctimas, familiares y espacios de memoria, alertaron: “Estas acciones no solo representan un retroceso, sino también un peligroso intento de diluir el sentido histórico y ético de estos espacios, afectando directamente el acceso de la sociedad a una memoria colectiva basada en la verdad y la justicia”.