Mientras entre el PRO y La Libertad Avanza se potencia la interna y se define el futuro de una eventual alianza o más fugas de los amarillos hacia los violentas, hay malas noticias judiciales para Cristian Ritondo, el jefe del bloque en Diputados del partido de Mauricio Macri.

Es que el abogado Jeremías Rodríguez amplió la denuncia en curso contra el legislador del PRO de tener una desarrolladora con 14 emprendimientos inmobiliarios que incluyen 373 unidades funcionales en construcción en la Ciudad de Buenos Aires y Pinamar a través de la empresa Emprendimientos Rivadavia SA, por un valor de venta estimado en más de USD 55 millones.

Las nuevas acusaciones contra Ritondo se dan en el marco de la causa que el diputado nacional ya enfrenta en la Justicia por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La acusación inicial contra el articulador de la alianza legislativa entre el gobierno de Javier Milei y el partido de Macri se desprendió de una investigación de ElDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que arroja que Ritondo y su esposa, Romina Aldana Diago, tienen y tuvieron sociedades offshore implicadas en la compra de propiedades en Miami valuadas en 2,6 millones de dólares.

Según se consigna en la presentación judicial, Diago aparece como gestora y beneficiaria de empresas registradas en Florida, Islas Vírgenes Británicas y Delaware. Entre las propiedades adquiridas figura un departamento en Miami Beach, comprado en 2013 mediante Goformore LLC, una sociedad dirigida por Diago en ese entonces. Estas operaciones, ocurridas mientras Ritondo ocupaba cargos públicos, son las razones por las que se lo investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento y abuso de autoridad.

A esta situación ahora se incorporan emprendimientos inmobiliarios en el país, que fueron sumados al expediente en curso por el abogado Rodríguez, la misma persona que denunció a Ritondo e inició la causa que tramita en el Juzgado Correccional y Criminal Federal N° 2 de Comodoro Py, a cargo del juez Sebastián Ramos y el fiscal Eduardo Taiano.

“Es realmente obsceno que un diputado nacional, que fue funcionario público toda su vida adulta, tenga semejante cantidad de inmuebles y vehículos”, declaró el denunciante en diálogo con La Nación, y agregó que pese al silencio del PRO y la exuberante defensa realizada por el presidente Milei “no pueden tapar el sol con un dedo, de solo caminar por Pinamar y hablar con los vecinos te das cuenta que el nivel de vida de Ritondo no se condice con el de un servidor público”.

La ampliación de la denuncia de Rodríguez está relacionada a una publicación de El Disenso. El texto judicial señala que la sociedad Emprendimientos Rivadavia SA “podría no ser el único desarrollo inmobiliario” de Ritondo. Agrega que “de acuerdo a sus DDJJ, posee desde 2018 crédito y deudas con Ardax SA, una empresa radicada en Uruguay, responsable de emprendimientos inmobiliarios súper VIP como el caso de Reserva Montoya, un barrio privado con lotes de 1000 metros cuadrados a cuatro cuadras del mar, entre La Barra y Manantiales, Punta del Este, con 400 metros de costa sobre Laguna Blanca, club house, wellness center, parador para residentes y seguridad 24 horas”.

Y relaciona esto con el referente PRO ya que “en 2019, Ritondo declaró la adquisición de un lote en Uruguay, con fecha abril de 2018, por $3.383.325,69. La compra fue realizada a Ardax SA”.

Sobre la denuncia inicial, Ritondo sólo expresó negativas, por ahora sin fundamentos ni datos que desestimen las acusaciones. “Claramente se trata de una operación en mi contra, y la información publicada es inexacta”, le dijo a La Nación, y vaticinó que hará “las aclaraciones correspondientes, dónde y cuándo corresponda”.

En cuanto a las propiedades millonarias que se le endilgan en CABA y Pinamar, se justificó en una herencia. “Cuando falleció mi padre, en 2008, me hice cargo de la empresa que él tenía. Una desarrolladora inmobiliaria que se dedica a construir y comercializar edificios”, le dijo también a La Nación Ritondo.

Agregó que “como es lógico, la empresa cuenta con unidades funcionales de los edificios que construye, destinadas a su comercialización” y que eso “no es irregular, sino una práctica estándar en el rubro”, además de que “está todo correctamente declarado, que investiguen todo lo que tengan que investigar porque no van a encontrar ni una sola irregularidad”.

La fiscalía ya acusó recibo de la ampliación de la denuncia, pero desde el despacho de Taiano - cuyo hijo trabajó para Ritondo en el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal - hicieron trascender que la causa quedará dormida hasta después de fin de año.